R.L./EFE
El Consell Insular ordenó ayer a la empresa municipal ITUSA, que gestiona el proyecto 'Eivissa Centre', que paralizase las obras de construcción de las viviendas de protección oficial (VPOs) que se están realizando en la zona del colegio Juan XXIII para realojar a los vecinos de las viviendas de Santa Margalida, después de conocer a través de la denuncia de varios vecinos que se habían hallado diversos restos arqueológicos.

Tras recibir la petición de la Conselleria de Patrimoni, el Ayuntamiento de Eivissa paró de forma cautelar las obras y como solicitó la máxima institución insular contrató a la arqueóloga Glenda Graziani con el fin de hacer un informe para determinar el valor de los hallazgos, según informó el primer teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo.

La propuesta de la administración municipal que se comenzó a elaborar ayer mismo bajo la supervisión de la arqueóloga del Ayuntamiento de Eivissa, Rosa Gurrea, se enviará a Patrimoni que será quién decida definitivamente la forma de actuar en este caso.

El conseller responsable de este área, Joan Marí Tur, confirmó ayer que los trabajos realizados en la zona han destapado hasta cuatro estructuras y una «gran cantidad» de restos cerámicos, que según el arqueólogo del Consell Insular, Joan Ramon, «seguramente corresponderán a la época púnica y romana». Se trata de los hallazgos de dos hornos de cal y dos muros, que han aparecido conteniendo en su interior o rodeados de restos cerámicos y también cenizas y carbones.

Por otra parte, el conseller de Patrimoni criticó que en las obras de construcción de estas viviendas sociales el Ayuntamiento de Eivissa no haya hecho catas previas como exige la ley.