El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Eivissa contempla la
expropiación del Teatro Pereira, propiedad de la familia Matutes.
Así aparece en la memoria de gestión del planeamiento urbanístico,
aprobado inicialmente el 15 de diciembre, en el que se establece la
rehabilitación y gestión pública del histórico inmueble. En
concreto, el PGOU marca como objetivo conseguir la titularidad del
teatro y su posterior reforma para su uso como equipamiento
recreativo. La ficha de esta acción, incluida en el plan, determina
que se realizará por «el sistema de expropiación». Especifica, eso
sí, que se trata de una iniciativa municipal y del Consell.
No obstante, este proyecto contrasta con los planes del nuevo
gobierno del Consell, que el pasado verano acordó con la familia
Matutes la cesión del teatro hasta 2017. Ambas partes firmaron un
convenio por el que el Consell asume gratis hasta 2017 la gestión
del inmueble para la organización de actividades culturales y
divulgativas y, a cambio, la máxima institución insular se hace
cargo de la reforma del interior. La propiedad también tiene
derecho a hacer el uso que quiera del teatro 25 días al año.
La oposición criticó las condiciones del acuerdo, especialmente
porque se cerró sin conocer el coste de la rehabilitación. El
conseller insular de Patrimoni, Joan Marí Tur, afirmó recientemente
su intención de que a finales de este año, coincidiendo con las
fiestas de Navidad, puedan estar ya listas las obras de
rehabilitación del interior.
La Ley de Patrimoni especifica que es competencia del Consell la
expropiación por «interés social» de los bienes protegidos. Sin
embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) anuló
el año pasado, estimando el recurso presentado por la empresa
propietaria, el acuerdo de pleno del Consell del 22 de diciembre de
2000 en el que se declaraba el edificio Bien de Interés Cultural
(BIC), por lo que se entiende que ya no es competencia del Consell
la expropiación del inmueble.
Paradójicamente, la familia Matutes hizo público el día de la
firma del convenio su voluntad de que el gobierno del Consell
iniciara de nuevo la tramitación del BIC. «Hemos autorizado al
Consell a que inicie el expediente BIC, lo que quiere decir que la
familia Matutes se erige en la primera que demanda que se le
proteja», explicó Abel Matutes Tur. En todo caso, el Consell aún no
ha retirado el cartel, de color rosado, que informa de que es un
BIC.
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