Los ecologistas de la isla emprenderán el próximo miércoles una expedición de dos días al Parlamento Europeo, sito en Bruselas, para denunciar ante las autoridades y la prensa europea la política de «desprotección del territorio» del nuevo gobierno insular y autonómico del PP. La marcha verde al centro de Europa ha sido organizada por el eurodiputado ibicenco de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Bernat, que es quién gestiona, además, las entrevistas que mantendrán los ecologistas con algún alto cargo de la Comisión Europea de Medio Ambiente.

Los presidentes del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), Joan Carles Palerm; del Institut d'Estudis Eivissencs (IEE), Marià Serra; y Amics de la Terra, Haezel Morgan, viajarán a Bruselas con otros representantes del movimiento contra el dique del puerto de Ciutadella, en Menorca, y de las plataformas contra el gasoducto y las carreteras, en Mallorca, para portar hasta el Parlamento Europeo una pancarta que dirá Illes Balears, territori al límit y explorar, según explicó ayer a este periódico Bernat Joan, «la posibilidad de que la Comisión Europea haga algo para frenar el crecimiento desmesurado de las islas», aparte obviamente de la presión que se ejerce sobre la política territorial y de infraestructuras del gobierno del PP.

El grupo parlamentario de ERC en el Parlamento ha convocado el jueves día 2 a todas las agencias y medios de comunicación europeos que cubren la información del Parlamento a una multitudinaria rueda de prensa para «difundir la destrucción del territorio que sufren especialmente las Pitiüses». El eurodiputado ibicenco encabezará la mesa de este encuentro con los medios informativos, en la que la presidenta de Amics de la Terra denunciará en representación de los ecologistas ibicencos «la situación crítica» que plantea el Plan Territorial Insular (PTI) aprobado en verano por el Consell.

El Grup d'Estudis de la Naturalesa, el Institut d'Estudis Eivissencs y Amics de la Terra iniciaron en septiembre una campaña, que, bajo el lema Eivissa al límit, tenía como objeto, en una primera fase, informar a los ciudadanos de «las trampas» que contiene el PTI y, con ello, forzar al PP a consensuar un nuevo documento que garantice «el desarrollo sostenible de la isla».