Los propietarios de la Unidad de Actuación 12 de ses Feixes, que
comprende un área de 25.000 metros cuadrados en el vértice
colindante a la rotonda de Pachá, han solicitado al Ayuntamiento
licencia de obra, al amparo del levantamiento de la moratoria, para
desarrollar su proyecto de urbanización. Como el Ayuntamiento aún
no ha aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
el proyecto de urbanización se basa en los criterios que marca el
PGOU del 87, que permite una edificabilidad del 65 por ciento de
aprovechamiento y edificios de planta baja, seis alturas y planta
torreón.
Esta unidad de actuación ya ha completado todos los trámites
previos a la solicitud de licencia, incluido el pago de 60 millones
de pesetas por el aprovechamiento medio de los terrenos, ratificado
ante notario por el alcalde Xico Tarrés.
Al parecer, el acuerdo entre los propietarios y el Ayuntamiento
aún sigue abierto y, por ello, este colectivo, una vez levantada la
suspensión de licencia, ha optado por pedir permiso de obra para
urbanizar su parte de los terrenos de ses Feixes. El Consistorio
dispone de un plazo de dos meses para contestar a esta
petición.
El avance del PGOU califica estos terrenos como rústicos por el
BIC que aprobó el anterior gobierno insular del Pacte al final de
la pasada legislatura. Los propietarios consultados por este
periódico mantienen, no obstante, que aún siguen pagando la
contribución de un suelo urbano.
De todos modos, el Consistorio ya ha avanzado su intención de
recalificar toda la zona como urbana (también el sector 6
desclasificado por las DOT de Matas) para distribuir en el
perímetro los derechos urbanísticos de los propietarios y dejar en
el centro una extensa área de más de 100.000 metros cuadrados donde
se ubicará un gran parque. El Ayuntamiento también ha reconocido
públicamente su intención de modificar los límites del BIC, sobre
el que, además, actualmente pesan seis procesos judiciales por la
vía administrativa.
Este grupo de propietarios, según ha podido saber este
periódico, ya pidió licencia de obra antes de que se aprobara la
moratoria, pero el Ayuntamiento no contestó. Ante el silencio de la
administración municipal, la solicitud de permiso de obra pasó a la
Comisión Insular de Urbanismo (CIU), que archivó la petición, lo
que motivó que los afectados interpusieran un contencioso
administrativo.
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