La Gerencia de Can Misses decidió apartar del servicio de UCI a una
de sus médicos intensivistas después de que, tras abrirle un
expediente, se resolviera que dicha médico cometió al menos seis
faltas graves en el desempeño de sus funciones. Ello motivó que se
decidiera la suspensión y empleo de esta profesional durante seis
años y cuatro meses.
La afectada, por su parte, una facultativa con al menos seis
años de ejercicio en este hospital, presentó días después una
demanda por acoso moral en el juzgado de lo Social de la isla, lo
que popularmente se conoce ya por mobbing, que está pendiente de
resolución judicial. El fallo que se dé por esta causa, sin
embargo, es independiente de las acciones que se hayan podido
emprender por la vía de lo contencioso.
La Conselleria de Salut oficialmente guarda silencio sobre este
asunto, amparándose en que esta última causa está sub iudice. Pero
según la información recogida por este periódico, Can Misses abrió
en septiembre de 2003 un expediente contra la médico después de que
se pusieran en conocimiento de la Gerencia una retahíla de
anomalías
La investigación arrojó, un año después, que la médico estaba
incumpliendo con reiteración con las normas y comportamientos que
se exigen a los profesionales de este Àrea de Salud. Algunas de
estas actuaciones, incluso, pudieron provocar situaciones de
inseguridad no sólo entre los médicos de las distintas
especialidades del centro sino también en los propios pacientes que
precisaban del servicio de la UCI, según se desprende del resultado
final del expediente.
La investigación del hospital, como uno de los hechos más
graves, dio como cierto que la intensivista tomó decisiones
clínicas unilaterales sin consultarlas con el resto de los equipos
médicos. Al parecer, ello conllevó la desconexión de pacientes,
algunos de los cuales fallecieron.
La dirección también entendió como cierto que la facultativa
incumplió reiteradamente con su jornada laboral y que no participó
con rigurosidad en las actividades de formación que eran exigibles
para los miembros de su unidad. Ello suponía la ausencia
injustificada en cursos, reuniones y otras actividades que se
idearon no sólo para completar la formación sino también para
establecer los criterios de protocolos médicos. Por esto tampoco
siguió las normas que se iban estableciendo para su servicio.
La relación con sus compañeros degeneró también en una actitud
hostil de ella con el resto del equipo de la UCI y otros médicos
del hospital. El expediente recoge, además, que este talante
influyó en su comunicación con los familiares de los pacientes,
sometiéndoles a un trato no correcto. En otro punto se establece
como probado la negativa de la intensivista a atender a un caso de
donación de órganos saltándose lo que está reglado en los
protocolos.
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