La Asociación de Construcción adscrita a la Pequeña y Mediana
Empresa de Eivissa y Formentera (Pimeef) considera que los
coeficientes de edificabilidad en suelo rústico previstos por el
Plan Territorial Insular (PTI) son reducidos, lo que, según alega,
«puede suponer un obstáculo para un tipo de cliente normalmente de
segunda residencia que hasta la fecha ha supuesto una vía de
ingresos importante para la isla.
El PTI contempla que en Eivissa en zona ANEI la superficie
construible máxima es de 0,006 m/m (0,01 m/m en Formentera). El
presidente de los constructores, Juan Roig, asegura que, con este
coeficiente, para construir una vivienda de 500 o 600 metros
cuadrados, que es lo que demandan este tipo de clientes,
«nacionales y extranjeros sobre todo [también hay ibicencos,
puntualiza], con un importante poder adquisitivo», se requiere una
parcela mínima del orden de 85.000 a 100.000 metros cuadrados en
ANEI.
Los constructores entienden que es demasiado y que de mantenerse
estos parámetros de edificabilidad «se producirá un desvío de este
tipo de turistas a otras zonas geográficas con una ordenación
urbanística más flexible y consecuentemente la actividad del sector
se verá seriamente afectada». Apuntan, además, que el impacto
visual de la vivienda «no viene dado por la superficie construida
de ésta sino por su morfología y diseño», lo cual, según
especifican, queda suficientemente definido en otro apartado del
PTI. Este colectivo pide que estos parámetros deberían
incrementarse, aunque no especifica más.
Tampoco ven bien que la superficie mínima de la segunda
segregación de las parcelas sea el doble, es decir, 100.00 metros
cuadrados, por ejemplo, en el caso de las zonas ANEI. Consideran
que es «excesivo» y, por tanto, proponen la posibilidad de que el
factor que multiplique la superficie mínima sea 1,5 en lugar de 2 y
«aliviar» así «la situación de las zonas de alta protección». Otra
de las discrepancias de este colectivo con el PTI es el que
concierne a la apertura de nuevos caminos. El PTI establece que no
podrán abrirse caminos salvo que sean prolongación de los
existentes con una longitud máxima de 50 metros en ANEI y 100
metros en el resto. Los constructores consideran «improcedente»
esta medida, y entienden que es la Comisión Insular de Urbanismo
quién debe pronunciarse para cada caso específico en función de la
vivienda que se pretenda levantar.
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