El auto dictado por el contencioso administrativo número 1 de
Palma de Mallorca ordena explícitamente al Consistorio a ejecutar
la sentencia e incluso advierte de que si supera el plazo fijado
adoptará «medidas coercitivas contra el Ayuntamiento y la persona
de su alcalde». Si se confirma el resultado del auto (el abogado de
Cretu ya ha anunciado un recurso), el Consistorio puede tener
graves problemas económicos. «Tendremos que valorar qué podemos
hacer. A ver de dónde sacamos el dinero», dijo. Por ello, el
alcalde de Sant Antoni considera que el resultado del auto, por sus
negativas consecuencias económicas, supone «un ataque frontal
contra las posibilidades de un pueblo».
Sala habla de «mala suerte». «Si dijeras que es la única
ilegalidad que se ha cometido en Eivissa, pero que den un repaso a
la isla. Hemos tenido mala suerte. Lo considero escandalosamente
perjudicial para el pueblo», subrayó el primer edil de Sant Antoni,
para añadir a renglón seguido: «Será ilegal, pero hay otras cosas
más flagrantes y que requerirían esta misma contundencia».
Puntualizó, además, que la mansión no causa ningún perjuicio al
entorno.
Sobre el contenido del auto, el alcalde reconoce que es
«contundente» aunque, por otra parte, critica que algunos de los
argumentos son «rebuscados». Se refiere, por ejemplo, a la
interpretación que hace la juez de la ley de la disposición
adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la
comunidad (ver la información de la página siguiente). «Son
interpretaciones en las que caben todos los colores», critica. El
alcalde pide incluso a la juez que le diga qué tienen que suprimir
de los presupuestos municipales para hacer frente, sólo para
empezar, a la demolición de la mansión.
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