La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia está a la espera de
conocer el dictamen de los servicios jurídicos de la Comunitat
Autònoma para conocer si el proyecto de ley de horarios
comerciales, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado
viernes, invade las competencias del Govern en materia de
ordenación del comercio interior. Cuando los servicios jurídicos se
pronuncien, el conseller de Comerç, Josep Juan Cardona, convocará
una reunión del Consell Assessor de Comerç -organismo que integra a
las patronales del sector, sindicatos, consumidores y consells
insulars- y tomará la decisión oportuna, sin descartar un posible
recurso por invasión de competencias.
Cardona afirmó ayer que el Govern no quiere discutir el
contenido del proyecto de ley de horarios, sino clarificar a que
administración corresponde la regulación comercial en las Islas.
Recordó que el Gobierno es competente en ordenación económica y que
el Govern los es en ordenación del comercio interior, por lo que
afirmó que la postura última del Govern se basará en criterios
técnicos.
En todo caso, el conseller de Comerç propuso por dos veces al
Ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, alcanzar
un acuerdo entre las dos administraciones para definir esta
cuestión y consensuar la regulación de horarios comerciales en las
Islas, aunque indicó que el ministro no le contestó. «Hemos perdido
una oportunidad para conseguir una solución definitiva», consideró
el conseller.
Cabe recordar que el proyecto de ley de horarios comerciales
aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes por vía de
urgencia, establece la apertura mínima de doce domingos o festivos
anuales en el sector comercial, dejando a las Comunidades Autónomas
la posibilidad de aumentarlos ilimitadamente o reducirlos hasta un
mínimo de ocho, en función de sus necesidades.
Las patronales del pequeño y mediano comercio de las Islas,
Pimeco y Afedeco, rechazan esta posibilidad y reivindican lo
establecido por la Ley de comercio balear, aprobada en el Parlament
en el mes de junio de 2001 y recurrida en parte por el Gobierno de
José María Aznar ante el Tribunal Constitucional.
Esa norma permitía al conseller de Comerç establecer el número
de festivos y domingos autorizados para la actividad comercial en
el archipiélago, previa consulta al Consell Assessor de Comerç.
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