Juan Mestre27/07/04 0:00
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El Govern ha iniciado ya la batalla política para que Balears sea reconocida como una «nacionalidad histórica». El portavoz del Ejecutivo, el conseller Joan Flaquer, resumió ayer, en declaraciones a este medio, cuál será la postura del gabinete que preside Jaume Matas en la tramitación del Estatut. «No aceptaremos comunidades autónomas de primera y de segunda», advirtió el portavoz del Govern, quien recalcó que Balears «va a reivindicar lo mismo que otras comunidades autónomas». «Balears no puede ni debe renunciar a nada una vez que Zapatero ha pedido a los parlamentarios autonómicos que hagan su propuesta de reforma del Estatut», insistió Flaquer.

El Govern quiere ir paso a paso y ahora mismo el gabinete que preside Jaume Matas quiere conocer la reacción del resto de grupos parlamentarios ante la propuesta, adelantada el domingo por Ultima Hora, de incluir el término «nacionalidad histórica» en la próxima reforma del Estatut. Los socialistas han convocado para hoy una rueda de prensa para explicar su postura tras conocer los planes del Govern balear, mientras el resto de formaciones ya se han pronunciado. El apoyo de los socialistas en la cámara es fundamental para que el término «nacionalidad histórica» sea aprobado en la reforma del Estatut cuando los cambios se tramiten en el Congreso de los Diputados.

Desde el PP incluirán en las jornadas de trabajo del grupo parlamentario que se celebrarán en Menorca los 10 y 11 de septiembre un debate sobre la reforma del Estatut para preparar el próximo periodo parlamentario.

No obstante, el portavoz del grupo parlamentario popular, Joan Huguet, manifestó ayer, a propósito de la inclusión del término «nacionalidad histórica» en el Estatut, que «lo importante es el contenido, y no el continente».

El PP analizará las distintas propuestas que se pretenden incluir en la reforma del Estatut. Es decir, las dos listas electorales (una para el Parlament y otra para los consells), la reivindicación de la policía turística y la capacidad del Govern para disolver la Cámara autonómica en determinados supuestos. Los cambios en materia de financiación son más complejos porque dependerán de las negociaciones del Govern con el Gobierno central.