La juez asegura en el auto que el Ayuntamiento y el Consell incurren en una contradicción al reconocer, por una parte, «la tesis de nulidad en que incurre el PDSU», y que, por otra, a pesar de reconocer «esos defectos» abandone y «desista de la acción ejercitada que pretende destruir la licencia, porque es evidente que ello causa un perjuicio al interés general». «La obligación de toda administración es perseguir la absoluta adecuación de la realidad a la legalidad urbanística», recuerda el auto. Precisamente, la juez entiende que el Ayuntamiento debería haber «declarado la lesividad de aquella».
La juez obliga al Consell a continuar con el pleito del caso ses Torres
El PP pidió la retirada del contencioso amparándose en un informe jurídico
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