La mansión del músico rumano Michel Cretu corona una cima en Santa Agnès.

El PSOE recurrirá ahora ante los tribunales por la vía ordinaria la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad autónoma, en vigor desde el 1 de enero, mediante la cual el Govern balear modificó 19 leyes, aprobó el proyecto de televisión autonómica, la reducción del parque natural de Cala d'Hort a las fincas de titularidad pública y una disposición para legalizar la mansión de Michel Cretu, en Santa Agnès, sobre la que pesa una sentencia firme de demolición. El Pacte en su día también echó mano a última hora de esta ley para evitar a través de una enmienda la construcción del campo de golf de Cala d'Hort.

Los socialistas anunciaron a finales del año pasado que si el Ejecutivo autonómico sacaba adelante la ley para salvar la mansión del músico rumano iban a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). La ley de acompañamiento de los presupuestos sólo puede incluir medidas administrativas o tributarias. Por eso, el PSOE sostiene que es «anticonstitucional» utilizar esta ley como un cajón de sastre para aprobar la amnistía urbanística que permita legalizar la mansión de Cretu o la televisión autonómica, entre otras muchas cosas.

Para presentar un recurso ante el Constitucional se precisa del apoyo de al menos 50 diputados en el Congreso de los Diputados, por lo que sólo el PSOE o el PP tienen capacidad para ello. El Estado también tiene potestad para hacerlo, tal como hizo el Gobierno de Aznar con la Ley de Consells del Pacte. Pese a su anuncio, el PSOE, paradójicamente, no llevó esta propuesta al Congreso en el plazo que marca la ley, por lo que perdió esta posibilidad. Los socialistas justifican que la disolución de la Cámara por las elecciones generales del 15-M echó por tierra la iniciativa. De todos modos, y aunque el nuevo Gobierno de Zapatero podría presentar este recurso, el PSOE de Balears, según el diputado ibicenco Vicent Tur, ha decidido presentar el recurso ante un tribunal ordinario para que sea éste quien plantee el recurso de anticonstitucionalidad ante el TC.