La construcción de la autovía sólo obligará a echar abajo cuatro
viviendas de una sola planta, cuatro almacenes y unas ruinas. El
coste de las expropiaciones asciende a 9,5 millones de euros, que
es una parte muy reducida del presupuesto total que se eleva a 102
millones de euros (17.000 millones de pesetas). El Govern propone a
estos propietarios la posibilidad de que la administración les
construya otra vivienda igual a la anterior. En el caso de que los
expropiados opten por el pago del valor del inmueble, el Govern
tiene el compromiso de adelantar el 80 por ciento del mismo antes
de su ocupación, según explicó la directora insular de Carreteras,
Stella Matutes, en la presentación del proyecto.
Por su parte, el Pacte Progressista criticó ayer que para la
ampliación de las carreteras del aeropuerto, Sant Antoni y el
segundo cinturón de ronda, todas ellas previstas en el convenio
estatal de carreteras, la administración expropiará casi un millón
de metros cuadrados de terreno. «Algunas familias sufrirán su
tercera expropiación por culpa de las continuas ampliaciones de las
carreteras», apuntan desde las filas progresistas. Recuerda,
además, que muchas familias han tardado 10 años en cobrar la
segunda expropiación.
Asimismo, el Pacte no entiende cómo el Govern puede calcular el
tráfico que habrá en 2027, cifra sobre la cual se justifica en el
proyecto la ampliación de la carretera. «¿Por qué no utiliza el PP
esta capacidad de previsión para comenzar a construir todos los
centros escolares que harán falta dentro de 24 años?»,
cuestiona.
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