La delegada del Ibavi (organismo que gestiona las viviendas de
protección oficial) en Eivissa, Virtudes Marí, aplaudió ayer las
medidas que ha tomado el Govern balear para evitar la venta
fraudulenta de pisos subvencionados por la administración pública.
Hay que recordar que estos pisos se conceden después de una ardua
selección el la que debe quedar demostrada la necesidad objetiva de
la vivienda. Cualquier especulación con el piso obtenido contradice
el principio básico del proceso de concesión de una vivienda de
protección oficial.
«Una persona que quiera vender su piso protegido tiene que pedir
la autorización correspondiente, porque de lo contrario no podrá
solicitar una escritura», explicó la responsable. El Ibavi atiende
todos los casos en los que se solicita la venta. «Lo que es más
complicado -matiza Virtudes Marí- es controlar la venta de las
viviendas de protección oficial donde el promotor no es el Ibavi
sino una constructora particular». Marí recordó que no se pueden
vender estos pisos hasta pasados 10 años desde su adquisición y
siempre con un precio límite. La responsable del Ibavi reconoce que
en Eivissa ha habido intentos de venta de este tipo de viviendas
mucho antes del plazo límite. «Las notarías suelen controlar este
tema a la hora de hacer una escritura pública», señaló Marí que
destacó también que el Ibavi va a ejercitar el derecho de tanteo,
es decir, que si sale a la venta un piso de protección oficial «la
institución tendrá un derecho preferente de compra en las
condiciones en la que el vendedor dice que la va a sacar al
mercado» con el fin de evitar «las ventas en negro y el
fraude».
Hay casos también de alquiler fraudulento de viviendas de
protección oficial, hecho ante el que el Ibavi actúa dando cuenta a
la Dirección General de la Vivienda.
El Ibavi explica que hay viviendas que antiguamente eran de
protección oficial pero que, con el paso de los años, dejan de
serlo y se quedan desclasificadas, por lo que es posible
alquilarlas. Para poder alquilar una de estas viviendas «habría que
pedir una desclasificación y después funcionaría como una vivienda
libre», detalló.
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