El Colegio de Arquitectos recurrirá la desprotección de bienes culturales

Por ahora, el colectivo ha presentado un escrito en el Consell y para que incorpore, a modo de alegación, en las normas subsidiarias de Santa Eulària, pendientes de su aprobación definitiva, alguna disposición para preservar el valor arquitectónico de la urbanización de can Pep Simó. Los arquitectos también han cursado esta petición al Ayuntamiento de Santa Eulària.

Planas censura, por encima de todo, la falta de argumentos técnicos utilizados por el Consell para dejar morir los expedientes de protección. Recuerda que en lugar de aplicar la Ley de Patrimonio, que es la normativa que debe regular los acuerdos de la Comisión Insular de Patrimonio, el gobierno del Consell ha recurrido a la ley de procedimiento administrativo para declarar la nulidad de los expedientes. «No es lógico que la Comisión de Patrimonio aplique esta ley, que sirve para la defensa de los particulares. El espíritu de la Ley de Patrimonio es la defensa de los Bienes de Interés Cultural (BIC) con la colaboración de los ciudadanos», explica, para añadir a renglón seguido: «Se ha buscado una fórmula para dar cobertura legal a una voluntad política». Precisamente, Planas sostiene que la defensa del patrimonio debe estar por encima de los colores políticos: «El valor de un bien depende de criterios objetivos que deben situarse por encima de la política partidista».

Recalca, además, que la apertura de los expedientes de protección, ahora cerrados, se iniciaron al amparo de informes favorables de la propia Comisión de Patrimonio para los que se han invertido «esfuerzo y dinero público». El conseller insular de Patrimoni, Joan Marí Tur, aseguró la pasada semana que el Consell acordó la nulidad de los expedientes para «aclarar su situación jurídica», y acto seguido dijo, paradójicamente, que algunos de estos expedientes se volverían a iniciar más adelante.