Jaume Matas y Mabel Cabrer, durante la entrega de unos pisos de protección oficial.

Jaume Matas y Mabel Cabrer, durante la entrega de unos pisos de protección oficial.

Nekane Domblás14/02/04 0:00
TW0

El Govern pagará el 50 por ciento del coste de alquiler durante los dos primeros años si el pago total no supera los 4.500 euros y los beneficiarios tienen unos ingresos individuales de 13.500 euros o del doble, en caso de una pareja. En materia de alquiler, con el objetivo de sacar al mercado las más de 79.572 viviendas desocupadas de Balears y las 94.350 segundas residencias, el Govern financiará además el 50 por ciento del coste de las obras de rehabilitación de las viviendas que se destinen a alquiler. El Govern estima que 1.200 familias de Balears pueden beneficiarse anualmente de estas ayudas.

La rebaja fiscal se aprobará en la compra de vivienda para menores de 35 años, discapacitados o familias numerosas. El impuesto de transmisiones patrimoniales bajará del 7 al 3 por ciento para los ciudadanos de estos colectivos que compren viviendas de menos de 180.000 euros, con un máximo de 120 metros cuadrados y si disponen de unos ingresos de entre 18.000 y 27.000 euros anuales. Las previsiones del Govern apuntan a que 5.000 familias se podrán beneficiar de estas ayudas al año.

A estas actuaciones en materia de compra y alquiler se añade la instauración del derecho de tanteo y retracto para las viviendas de protección oficial. Ello significa que la administración tendrá prioridad a la hora de comprar una vivienda VPO cuando su propietario quiera venderla. En la compra de VPO se fija también una rebaja del 3 al 1 por ciento en el impuesto de transmisiones patrimoniales. La consellera Cabrer anunció además la construcción de 2.000 viviendas por parte del Ibavi.

Para la construcción de estas viviendas, el Govern promoverá actuaciones en materia de suelo con la posibilidad de urbanizar determinados terrenos sin que haya una aprobación previa del plan parcial. El Govern promoverá la transformación de usos turísticos obsoletos a residenciales. También se agilizarán los trámites para la declaración de ruina y se pretenden firmar un pacto por el suelo entre todas las administraciones para conseguir un banco de suelo público.