El largo conflicto existente entre la Demarcación de Costas de Balears y el Consell Insular d'Eivissa i Formentera a causa de la valla instalada por Costas en la zona de ses Platgetes, junto a es Caló, parece entrar en su recta final. La valla instalada por Costas tiene por objeto impedir que los turistas que acuden a ses Platgetes, en la zona inmediatamente anterior al núcleo urbano de es Caló, aparquen sus vehículos en el costado de mar de la carretera y, al mismo tiempo y a través de dos pasarelas, limitar los accesos a dicha zona por cuanto anteriormente los visitantes cruzaban el sistema dunar dejándolo en precario estado de conservación.

El conflicto surge por el hecho de que dicha valla, de varios centenares de metros y hecha con estacas de madera, se encuentra pegada al asfalto de la PM-820, la carretera principal de la isla, con todos los riesgos que ello supone. El principal es el de la seguridad, pues como ha sido comprobado, tanto bicicletas como motocicletas que circulan por el carril bici, a medio metro de dicha valla, instintivamente se apartan de ella por lo que invaden la calzada principal provocando situaciones de gran riesgo, un riesgo que no lo es menos en caso de un hipotético accidente ya que este tipo de vallas, idóneas para protección ambiental, nada tienen que ver con las obligatorias en una carretera.


Conflicto de intereses
En su momento, el Consell Insular, en cuanto tuvo las competencias en materia de carreteras inició un expediente sancionador a Costas por dicha valla, expediente que está a punto de llegar al final de su tramitación. En un primer momento Costas presentó un voluminoso pliego de alegaciones entre las que destacaba que la valla forma parte de la zona de protección marítimo terrestre responsabilidad de la demarcación; no obstante el Consell arguye que es Costas la que invade competencias al situar una valla a menos de un metro del asfalto de la carretera no guardando la distancia mínima obligatoria.

Según ha podido saber Ultima Hora Ibiza y Formenterael informe técnico que está elaborando del Consell estará finalizado a final de este mes y a partir de entonces será el propio ejecutivo insular, mediante decisión política, el que dictamine qué debe hacerse respecto a esa valla.

Existe la posibilidad, según fuentes de la primera institución insular, que mientras no se resuelva el conflicto de competencia se obligue a Costas a retirar la valla, para posteriormente decidir si puede retranquearse o si simplemente debe instalarse una valla protectora aunque conforme a las normativas existentes en materia de circulación rodada.