El largo conflicto existente entre la Demarcación de Costas de
Balears y el Consell Insular d'Eivissa i Formentera a causa de la
valla instalada por Costas en la zona de ses Platgetes, junto a es
Caló, parece entrar en su recta final. La valla instalada por
Costas tiene por objeto impedir que los turistas que acuden a ses
Platgetes, en la zona inmediatamente anterior al núcleo urbano de
es Caló, aparquen sus vehículos en el costado de mar de la
carretera y, al mismo tiempo y a través de dos pasarelas, limitar
los accesos a dicha zona por cuanto anteriormente los visitantes
cruzaban el sistema dunar dejándolo en precario estado de
conservación.
El conflicto surge por el hecho de que dicha valla, de varios
centenares de metros y hecha con estacas de madera, se encuentra
pegada al asfalto de la PM-820, la carretera principal de la isla,
con todos los riesgos que ello supone. El principal es el de la
seguridad, pues como ha sido comprobado, tanto bicicletas como
motocicletas que circulan por el carril bici, a medio metro de
dicha valla, instintivamente se apartan de ella por lo que invaden
la calzada principal provocando situaciones de gran riesgo, un
riesgo que no lo es menos en caso de un hipotético accidente ya que
este tipo de vallas, idóneas para protección ambiental, nada tienen
que ver con las obligatorias en una carretera.
Conflicto de intereses
En su momento, el Consell Insular, en cuanto tuvo las competencias
en materia de carreteras inició un expediente sancionador a Costas
por dicha valla, expediente que está a punto de llegar al final de
su tramitación. En un primer momento Costas presentó un voluminoso
pliego de alegaciones entre las que destacaba que la valla forma
parte de la zona de protección marítimo terrestre responsabilidad
de la demarcación; no obstante el Consell arguye que es Costas la
que invade competencias al situar una valla a menos de un metro del
asfalto de la carretera no guardando la distancia mínima
obligatoria.
Según ha podido saber Ultima Hora Ibiza y Formenterael informe
técnico que está elaborando del Consell estará finalizado a final
de este mes y a partir de entonces será el propio ejecutivo
insular, mediante decisión política, el que dictamine qué debe
hacerse respecto a esa valla.
Existe la posibilidad, según fuentes de la primera institución
insular, que mientras no se resuelva el conflicto de competencia se
obligue a Costas a retirar la valla, para posteriormente decidir si
puede retranquearse o si simplemente debe instalarse una valla
protectora aunque conforme a las normativas existentes en materia
de circulación rodada.
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