Entre éstas, estamparon su firma en el documento el Ministerio
de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Aragón, el
Principado de Asturias, la Diputació de Barcelona, el Cabildo
Insular de Tenerife, el Gobierno de Cantabria, la Junta de Castilla
y León, la Generalitat de Catalunya, la Junta de Extremadura, la
Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la
Generalitat Valenciana. Otras administraciones que no pudieron
estar presentes en la firma enviaron su adhesión.
La redacción de la 'Declarción de Sevilla' coincidió con el
décimo aniversario de Europarc-España, organización que engloba a
los espacios naturales protegidos del Estado. Los firmantes se
proponen impulsar las áreas protegidas. Mes y medio después, en el
caso balear, los parques naturales de Llevant y Cala d'Hort eran
recortados en más de un 90 por ciento de su ámbito territorial.
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