El Govern balear levantó en la última semana de diciembre la
'moratoria' que impedía la apertura de nuevas perforadas y
concesiones de aguas subterráneas en las islas. Fue el anterior
gobierno del Pacte, quien, ante la fuerte sequía de 2001, decretó
la suspensión de nuevas autorizaciones hasta que se constatara una
mejora de lo acuíferos.
La administración, eso sí, limita el caudal instantáneo a medio
litro por segundo y un volumen anual máximo de 200 toneladas. Sólo
las viviendas aisladas en suelo rústico que dispongan de cédula de
habitabilidad o acrediten una antigüedad superior al 1 de marzo de
1987 mediante certificación municipal podrán obtener la concesión,
según explicó ayer en rueda de prensa el conseller insular de Medio
Ambiente, Josep Mayans.
También podrán obtener permiso para perforar el subsuelo en
busca de agua equipamientos públicos y actividades comerciales e
industriales legalmente autorizados en suelo rústico. En este caso,
el caudal autorizado se determinará en función de las necesidades
reales de cada una de las solicitudes.
La normativa que regulará las extracciones prohíbe las nuevas
captaciones de agua en la franja costera de 500 metros de la línea
de costa de las Pitiüses, con la excepción de aquellas con un
contenido en sal equivalente al agua del mar que pueda pasar por un
proceso de desalación.
Una de las novedades más importantes es la obligación de que las
nuevas perforadas tengan una capa de cemento de protección para
evitar la contaminación de los acuíferos en el caso de que se
produzca alguna fuga, como sucedió en la gasolinera de Santa
Gertrudis.
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