28/12/03 0:00
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L.F.A
El último informe del Consell Econòmic i Social (CES), un organismo que aúna a representantes de todas las esferas políticas y sociales de las Balears, hace hincapié en la delicada situación urbanística que viven las Islas en general y las Pitiüses en particular.

Para los autores del informe es necesario extender la «consciencia del valor patrimonial y económico que supone el paisaje para las Balears», que constituye «un activo diferenciador para una economía turística» como la de las islas. «Una oferta de calidad no es posible sin un país y un paisaje de calidad», insiste el informe a este respecto.

«Es urgente la aprobación de los planes territoriales insulares pendientes, como el de Eivissa y Formentera, para dar impulso y estabilidad a la política urbanística», dice, y recomienda que los planes favorezcan «el reciclaje del tejido urbano obsoleto, moderen las expectativas residenciales del suelo rústico y contemplen alternativas y soluciones socioeconómicas a los problemas reales identificados».

Además, el CES afirma que los planes territoriales, pendientes de aprobación desde principios de 1999 a excepción del de Menorca, aprobado en abril de 2003, han de respetar «como máximo» el porcentaje de desarrollo urbanístico que fijaron las Directrices de Ordenación Territorial.

Para del Consell Econòmic i Social es necesario arbitrar mecanismos de tutela y colaboración entre administraciones (a través de consorcios insulares y mancomunidades municipales) en el ejercicio de las competencias en materia de disciplina urbanística, «todo teniendo en cuenta las competencias atribuidas a los Consells Insulares».

Además, el informe advierte de que cabe una atención especial al paisaje urbano, «que ha padecido en los últimos años una considerable degradación en los diferentes municipios de Balears». Cabe regenerar tejidos urbanos recientes y atender especialmente a los aspectos arquitectónicos y la extensión de zonas arboladas y pantallas visuales en estos ámbitos.

Los responsables públicos deben «definir y consensuar, en la mayor brevedad posible», el nuevo modelo económico y territorial de las islas y, consecuentemente, habilitar planes de contingencia que permitan afrontar los efectos sociales laborales y económicos que se deriven para que las empresas, con las ayudas públicas necesarias, puedan planificar y adaptar sus estructuras una vez más a las nuevas demandas de la sociedad.