El Parlament balear aprobó ayer la ley de medidas tributarias y
administrativas de acompañamiento a los presupuestos de la
Comunidad para 2004, que, entre otros puntos, incluye una enmienda
para legalizar la mansión de Cretu, en Santa Agnès y la supresión
de las fincas privadas del parque natural de Cala d'Hort .
La aprobación se produjo gracias a los 33 votos de la mayoría
del PP y de UM, en el grupo mixto, tras el rechazo de las enmiendas
parciales presentadas por PSOE, PSM y EU-EV, cuyos 25 sufragios no
bastaron para la sanción de sus propuestas.
La protección de las áreas naturales fue el punto central del
intercambio de opiniones, en el que PSOE, PSM y EU-EV acusaron al
Govern del PP de «desproteger» y deshacerse del patrimonio de la
Comunidad en parques naturales. Los portavoces de la oposición
también acusaron al PP de practicar un «urbanismo a la carta» y de
favorecer el incumplimiento de sentencias judiciales como la
referida a la demolición de la casa del músico rumano Michel
Cretu.
Por su parte, la representante del PP, Maria Salom, justificó
las reformas en la normativa territorial en la necesidad de aclarar
el panorama legal que afecta a los espacios naturales y, por otra
parte, prometió que su partido realizará una «mejor gestión» de los
parques a través de empresas públicas.
Los populares también aprobaron una enmienda para mantener la
normativa del parque natural de Cala d'Hort hasta la aprobación de
una figura nueva de protección y evitar así la posibilidad de que
Calas del Mediterráneo pueda construir un campo de golf frente al
islote de es Vedrà.
Por otro lado, el portavoz adjunto del grupo del PSOE en el
Parlament balear, Francesc Quetglas, anunció que su formación
planteará la impugnación de la ley de acompañamiento de los
presupuestos por «inconstitucional». Quetglas indicó que el PSOE
«impulsará», con «todas las limitaciones» que representa este
empeño para un grupo parlamentario autonómico pero con todas sus
fuerzas, la impugnación de una ley que «es negativa» y que «a la
luz de la doctrina del Tribunal Constitucional» es contraria a la
Carta Magna. El diputado argumentó la presunta inconstitucionalidad
de esta ley por la modificación que supone de una veintena de
normativas, con prescripciones que «nada tienen que ver con la
gestión presupuestaria».
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