El Ministerio Fiscal fue quien reclamó al juez Juan Carlos
Torres la petición de la fianza, cuyo valor responde a la cantidad
prevista en el Plan Director de Residuos de las Pitiüses para
adaptar ca na Putxa a la normativa medioambiental, como parte del
proceso de instrucción de la denuncia presentada en 1989 por la
asociación ecologista Sial y que después asumió Hábitat y Basuras
en contra de la empresa Herbusa por un presunto delito
ecológico.
El juez ha aceptado ahora el recurso presentado posteriormente
por Herbusa para evitar el pago de la cuantiosa fianza. El juez
reconoce en el auto que la entidad Herbusa ha iniciado actuaciones
para acondicionar el vertedero, por lo que entiende que «deberá
atenuarse la eficacia de las medidas cautelares impuestas». «No
sólo Herbusa sino también la UTE [Unión Temporal de Empresas]
adjudicataria de la concesión para la gestión de los residuos
urbanos de Eivissa y Formentera ha presentado ante el Consell
Insular un proyecto definitivo para el acondicionamiento del
vertedero, y esto ya basta en este momento procesal, por lo que no
cabe requerir ni ejecutar nada», dicta el juez en su
resolución.
Añade, además, que con lo acreditado por Herbusa «no procede
ninguna actuación de requerimiento ni apremio porque la finalidad
que se pretendía con la medida cautelar está no sólo asegurada,
sino extraprocesalmente en curso de satisfacción».
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