EUGENIO RODRÍGUEZ01/11/03 0:00
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Las fuerzas progresistas reclaman otra gran movilización ciudadana para protestar por «este fraude de ley». El diputado de Esquerra Unida Miquel Ramon aseguró ayer que la situación actual es mucho peor que la que llevó a 11.000 personas en enero de 1999 a salir a la calle para protestar por «la política de cemento del PP» y, especialmente, para frenar la construcción del campo de golf de Cala d'Hort. La Federación socialista de las Pitiüses también aboga por movilizar a los ciudadanos para «impedir un atropello a la democracia y el uso torticero de las instituciones públicas para amparar ilegalidades urbanísticas». El PSOE asegura que la semana que viene se pondrá en contacto con todas las fuerzas políticas progresistas y representantes de grupos ecologistas para coordinar el plan de acción.

Los socialistas también se comprometen, tal como dice el partido en un comunicado, a llevar a cabo «todas las actuaciones políticas y legales tendentes a no permitir un abuso en el uso de las instituciones para encubrir sus ilegalidades y la permisividad urbanística de sus alcaldes». El PSOE también pretende denunciar y trasladar a nivel estatal las actuaciones del presidente del Govern, Jaume Matas. El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), que fue quién promovió la histórica manifestación ciudadana de enero de 1999 y denunció ante los tribunales la ilegalidad de la licencia de obra de la mansión de Cretu, reiteró ayer que el PP «pretende convertir la cámara del Parlament en una asamblea de mafiosos». El GEN, para quien el PP está «al servicio de la delincuencia urbanística y la especulación», confía en que «a una mayoría de parlamentarios que tienen que votar este texto presentado por el Govern balear les quede suficiente vergüenza y dignidad como para votar desfavorablemente». Se refiere al diputado Antoni Marí Tur, que fue quien concedió la licencia de obra al músico Cretu, y a su hermano Joan Marí Tur, que es vicepresidente de la mesa del Parlament.

El diputado de EU Miquel Ramón aseguró ayer en rueda de prensa que su partido «hará lo que haga falta para cumplir la sentencia judicial que obliga a la demolición de la casa de Cretu y pedirá responsabilidades penales a quienes concedieron la licencia». Para el diputado, «es vergonzoso que el PP pretenda con esta ley burlar las resoluciones judiciales y cubrir las espaldas y el bolsillo del responsable consciente de esta ilegalidad y este desastre, el anterior alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur». «Es un fraude porque la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos debe regular cuestiones administrativas y no urbanísticas», apuntó Ramón, que también acusó al PP de querer hacer del Parlament «una cámara de mafiosos».