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El Govern balear modificó ayer el decreto sobre conocimiento de catalán en la Administración autonómica para limitar a cinco años la exención que se había establecido para mayores de 50 años, lo que contradice el criterio del Consell Consultiu, que consideró que esta norma podría ser discriminatoria. El portavoz del Ejecutivo, Joan Flaquer, indicó en rueda de prensa que el Govern «ha considerado oportuno» limitar la exención pero mantenerla pese al criterio del organismo asesor, que apuntó que la discriminación por razón de edad podría contravenir principios constitucionales. El Ejecutivo había aprobado el pasado 5 de septiembre un nuevo reglamento que reducía los niveles de conocimiento del catalán exigidos para el acceso a la Administración de la Comunidad y eximía a los funcionarios y personal fijo que tuvieran más de 50 años, lo que finalmente se ha reducido a un periodo transitorio de adaptación de cinco años. Flaquer explicó que el Govern considera que este plazo de adaptación es una medida equitativa para los funcionarios que tienen dificultad para acreditar los niveles de catalán que se exigen a compañeros más jóvenes.

El portavoz, que recordó que el Consejo Económico y Social balear recomendó fijar una limitación temporal, insistió en que con la reforma del reglamento se defienden los derechos de todos los ciudadanos. Asimismo, hizo hincapié en que, a pesar del criterio mayoritario de los cinco juristas que integran el Consell Consultiu, uno de ellos emitió un voto particular favorable a la tesis del Govern. Además, el Ejecutivo basa su decisión en una recomendación del Defensor del Pueblo, que el pasado mes de abril pidió que se permitiera usar el castellano en determinados procedimientos a funcionarios a los que no se les había exigido el catalán para ingresar en la Administración autonómica y que éstos no fueran destinados a puestos de atención al público.

El Govern balear también apela a sentencias en las que Tribunal Constitucional avala discriminaciones positivas por razones de edad en determinados casos. «El principio de igualdad debe ser respetado por las administraciones, pero se puede hacer excepciones por razones objetivas y justificadas», aseguró el conseller Flaquer. Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo, Joan Flaquer, justificó el uso de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2004, aprobada el pasado viernes sin que se informara a los medios de comunicación, como medio para modificar diferentes leyes vigentes.