El PP tiene muy claro que las Pitiüses necesitan dos campos de golf más, pero la eliminación de su moratoria puede retrasarse si el Govern retira del Parlament su reforma de las DOT y la LEN.

E. RODRÍGUEZ / T. BLASCO
El Govern de Matas puede verse obligado a retirar la reforma legislativa que en este momento se está debatiendo en el Parlament y que permitirá la construcción de viviendas en las zonas naturales protegidas de las Pitiüses (cada 50.000 metros cuadrados en Eivissa y cada 30.000 en Formentera), la derogación de la moratoria de los campos de golf y como la ampliación del periodo de aprobación del Plan Territorial Insular (PTI) de Eivissa y Formentera.

La modificación legislativa del PP también incluye, en su segundo punto, dar vía libre a la construcción de un campo de polo y una urbanización en Campos (Mallorca). No obstante, el anterior conseller d'Obres Públiques, Francesc Quetglas, del PSOE, desveló el martes en el Parlament que el Govern balear ya ha indemnizado con un millón de euros a la promotora del proyecto de Campos, algo que desconocía el gobierno del PP.

Este golpe de efecto ha trastocado los planes del Ejecutivo autonómico hasta el punto de que la actual consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, ha reconocido la probabilidad de que se tenga que retirar la reforma. La consellera se mostró muy dolida y admitió que no podía responder «a lo que puede pasar ahora». Cabrer recalcó que los «servicios jurídicos» determinarán si realmente el Govern puede seguir adelante con su propuesta o si tiene que dar marcha atrás. Si ocurre lo último, tampoco se salvarán las modificaciones previstas para las Pitiüses (viviendas en Anei y campos de golf) debido a que, según la consellera, ya es imposible introducir cambios en el proyecto. Toda la ley debe presentarse en bloque y no es posible sacar las referencias a Campos del articulado. La consellera y el presidente del Consell Insular, Pere Palau, criticaron duramente a Quetglas por «ocultar» la negociación con los promotores de Campos. Cabrer le acusó de «estafar» a la Cámara. El diputado ibicenco de Esquerra Unida-Els Verds, Miquel Ramon, aseguró que la reforma propuesta se gestó «en los despachos del PP o de algún promotor» y no en la Conselleria d'Obres Públiques, que es donde se encuentra el expediente de indemnización.