Agentes de la Policía Judicial y del Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Eivissa precintaron
ayer por la mañana las instalaciones de la gasolinera de Santa
Gertrudis haciendo efectiva la resolución del Juzgado de
Instrucción número 1 de Eivissa dictada el pasado jueves y en la
que se decretó, entre otras medidas cautelares, el precinto de los
surtidores de combustible, el cese de la actividad del suministro y
el vaciado de los tanques y depósitos para lo que se concedía a la
empresa explotadora, Hydrotechnik España, un plazo de 72 horas,
siempre bajo la supervisión del Consell. Según la resolución, el
cierre de las instalaciones, que no afecta a la tienda de la
gasolinera, estará vigente hasta que no se adecúen los depósitos y
tanques a los requisitos técnicos legalmente exigibles.
Las segunda medida cautelar establece el pago de una fianza de
780.000 euros por parte de la sociedad explotadora y su
representante legal en Eivissa, Marinela Torres. En caso de que no
se aporte esta cantidad «se procederá al embargo de bienes», todo
ello «con el fin de garantizar cautelarmente la existencia de
bienes suficientes a efectos de costear la descontaminación de los
pozos del acuífero y de los daños sufridos por los titulares de los
pozos afectados en caso de que se dictara sentencia condenatoria»,
según señala la resolución judicial.
En respuesta a la tercera acción decretada por el juez Juan
Carlos Torres, la Guardia Civil procedió ayer a levantar atestado e
informar del estado en el que se encontraba la gasolinera en el
momento de su precinto. Asimismo la resolución del magistrado
establece que las dos personas que aparecen como representantes de
la empresa explotadora en la isla, entre las cuales estaría
Marinela Torres, tendrán que declarar en calidad de imputadas por
un delito contra el medio ambiente.
El Juzgado de Instrucción número 1 ha dictado estas medidas
cautelares, mientras continúan las investigaciones y se decide si
se abre juicio o no, tras confirmar la mayoría de indicios
denunciados el pasado mayo por lo vecinos afectados basándose en
buena medida en los resultados de los análisis aportados por las
consellerias autonómicas de Medi Ambient, Salut e Indústria, que
hace aproximadamente dos semanas ya solicitó el cierre urgente de
la gasolinera. Hydrotechnik España tiene ahora la posibilidad de
recurrir o presentar alegaciones a esta resolución.
El fiscal Manuel Campoy, que valoró ayer de forma muy positiva
«la adopción de este auto» «en un asunto con trascendencia social y
medio ambiental», resaltó también que «es la primera vez que en
Eivissa se están adoptando medidas cautelares de protección con
respecto a delitos medio ambientales de cierta relevancia y
complejidad» como es este caso concreto y aseguró que «la celeridad
con la que se está llevando el asunto hace pensar que no se
demorará demasiado la instrucción».
Una vez finalizada esta primera fase de instrucción y tras
comprobar si se confirman o desvanecen los indicios de delito medio
ambiental detectados, el fiscal decidirá si se formula acusación y
si hay juicio, que, como explicó, podría llevarlo el juzgado de lo
Penal o la Audiencia Provincial, «dependiendo de la magnitud de los
efectos».
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