El Grupo Progresista del Consell Insular presentó ayer una batería de alegaciones al proyecto de declaración de interés público para los vuelos interinsulares que ha elaborado el Govern a instancias del Ministerio de Fomento.

La consellera Pilar Costa lamentó que el Consell «no haya presentado alegaciones por su parte» a pesar de que el proyecto de declaración que se ha presentado es «tímido, insuficiente y cobarde» ya que «sólo prevé los vuelos interislas, no con la península» y a unos precios «absolutamente exagerados».

De las catorce alegaciones que presenta, el Pacte destacó siete. La primera pide que se declaren obligaciones de servicio público en los vuelos con la península, «posibilidad que contempla la ley 66/1997 de acompañamiento a los presupuestos generales del estado». El Pacte insiste en que se cumplen varias de las condiciones que establece la normativa europea, «en contra de lo argumentado por el PP».

La consellera insistió, también en contra de las teorías populares, que el incremento del 33 al 50 por ciento del descuento de los residentes «no es incompatible con la reducción de los precios máximos de los billetes».

La oposición del Consell propone que los aviones que operen entre las islas sean reactores y no turbohélices y que se asegure que los horarios de los vuelos con Eivissa sean compatibles con los horarios de los ferries de Formentera.

En lo que se refiere a las plazas de temporada, el Pacte cree contradictorio que Fomento planee establecer más plazas con Menorca que con Eivissa cuando la pitiusa «tiene muchos más habitantes».

Con respecto a los precios, el Pacte considera que se deben equiparar a los que pagan los canarios por sus vuelos interislas. Así, proponen precios de unos once euros más baratos de lo que sugiere el Ministerio de Fomento. Sin aplicar el descuento de residente quedarían en 61 euros entre Eivissa y Mallorca; 90 con Menorca; 75 con Barcelona; 80 con Madrid y 61 con Valencia. A estos precios habría que aplicar el descuento de residente que debería pasar del 33 al 50%, según los progresistas.

Con respecto a la rentabilidad o no de los precios propuestos, Costa remarcó que no se trata de hablar de beneficios económicos sino de dar un servicio público a los ciudadanos.