El Consell Insular sigue sin subsanar el supuesto fraude del
servicio de seguridad de su sede denunciado por Comisiones Obreras.
El sindicato denunció hace casi un mes que el equipo de gobierno
podría incurrir en «un delito de prevaricación» si permitía a
sabiendas que el servicio de seguridad de la institución esté
formado por dos auxiliares de servicio, cuya figura no existe en el
convenio de trabajo de este sector, ni siquiera en la Ley de
Seguridad Privada.
A raíz de la publicación de la noticia, el Consell requirió a la
empresa GPS 909 para que presentara toda la información sobre la
prestación del servicio. El Consell aseguró ayer a este periódico
que la empresa reconoció que durante algún tiempo utilizó a
personas que no disponen de la titulación exigida para ejercer de
vigilantes, pero que ya está cumpliendo los requisitos que estipula
el contrato.
Comisiones Obreras, que el martes se reunió con el conseller
insular de Interior, Diego Guasch, asegura que la empresa contrató
a otra persona titulada, por lo que aún hay otra que ejerce de
vigilante sin la titulación. «El conseller nos pidió un margen de
tiempo para mirar bien el expediente», dijo el responsable general
de la agrupación de seguridad privada del sindicato, Lucio Manuel
del Valle.
Comisiones Obreras también ha presentado sin suerte dos
denuncias ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Éste
remitió ayer mismo un escrito al sindicato en el que le informa de
que este asunto depende directamente de Palma, según dice el
responsable de Comisiones Obreras, y que hasta que no se acumulan
algunas denuncias los agentes no se desplazan a la isla para
realizar las inspecciones.
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