El Juzgado de Instrucción número uno también llama a declarar al
gerente de Herbusa, Antoni Ribas, en calidad de imputado por un
presunto delito contra el medio ambiente en la gestión del
vertedero de ca na Putxa. Ribas deberá testificar ante el juez el
próximo 5 de septiembre, según una providencia dictada por el juez
Juan Carlos Torres.
En la misma resolución, el juez ordena a Herbusa, la empresa que
gestiona las instalaciones de ca na Putxa, a pagar en un plazo de
cinco días (lo notificó a las partes el jueves día 7), una fianza
de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) para responder
a las obras de reforma del vertedero. De la misma manera, el juez
también fija a Herbusa un plazo máximo de dos meses para que se
inicien estas obras para adaptar ca na Putxa a lo que dice la
ley.
En el caso de que Herbusa no pague la fianza en cinco días, los
tribunales procederán al embargo de sus bienes en cantidad
suficiente para cubrir dicha cantidad. Contra esta resolución, la
empresa puede presentar un recurso de reforma en un plazo de tres
días. Precisamente, el gerente de Herbusa, Antoni Ribas, que
también tendrá que declarar como imputado, aseguró a este periódico
que la empresa recurrirá esta providencia.
El Consell Insular adjudicó el 8 de mayo a una Unión Temporal de
Empresas, de la que Herbusa participa en un 40 por ciento de la
sociedad, las obras de reforma y gestión de ca na Putxa. El
proyecto de obra estará listo en septiembre, por lo que los
trabajos para adaptar ca na Putxa a lo que establece la normativa
comenzarán seguramente antes de los dos meses de plazo que impone
el juez.
Más pruebas
La providencia del juez también reclama, tal y como hizo antes el
Ministerio Fiscal, a la Conselleria de Medi Ambient del Govern
balear a que aporte a la causa un informe sobre si el suelo en el
que se ubica el vertedero ha sido declarado, delimitado e
inventariado como «suelo contaminante».
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó recientemente
una sentencia en la que confirma que el vertedero es ilegal (no
cuenta con permisos) y que constituye un foco de contaminación
perjudicial para el medio ambiente y la salud. El proceso en
Eivissa se abrió en 1989 por una denuncia que presentó la
asociación ecologista Sial por un presunto delito contra los
recursos naturales y el medio ambiente.
Posteriormente Hábitat y Basuras se personó en la instrucción de
la causa como acusación popular. Según fuentes judiciales, el
proceso está en su recta final y antes de que acabe este año se
sabrá si se celebrará juicio.
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