Todo comenzó en 1999 cuando el recién estrenado ejecutivo progresista anunció su intención de recuperar un proyecto que ya se había debatido en gobiernos del PP, la implantación de un impuesto turístico que permitiera recaudar fondos para la modernización de las zonas turísticas y la preservación del medio ambiente en las Illes Balears. Según los progresistas, esta medida permitiría mejorar la calidad de la oferta turística de la comunidad, además de invertir en la mejora de Patrimonio y en los sectores económicos menos favorecidos, como la agricultura. A pesar de estos argumentos, el proceso de negociación que abrió el ejecutivo balear con los empresarios durante el año 2000 fracasó estrepitosamente y se rompieron las relaciones entre ambas partes. En junio del 2001 el Parlament aprobó la ecotasa con la oposición de los populares. Sólo un mes después el gobierno de Aznar presentó un recurso de inconstitucionalidad alegando doble imposición con lo cual el impuesto se tuvo que suspender cautelarmente. La medida fue acogida de forma muy positiva por los empresarios de las Balears que consideraban injusta y discriminatoria esta tasa ya que iba a gravar como media con un euro diario a los turistas nacionales y extranjeros que se alojasen en instalaciones turísticas de las Islas dejando de lado al turismo residencial y a la oferta ilegal.
La corta vida de la ecotasa, el impuesto de la discordia
La polémica tasa que enfrentó al Govern con el sector turístico apenas ha durado un año
09/07/03 0:00
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