El primer pleno de la actual legislatura fue un refrendo total a la
posición que Formentera ha mostrado en los tres últimos lustros
contra la construcción de un camping en es Ca Marí que se trata, a
decir de los técnicos y políticos conocedores del proyecto, de una
urbanización para casi mil personas disfrazada de camping.
El primero en tomar la palabra sobre el punto central del pleno
fue el portavoz de la oposición, el ex alcalde Isidor Torres, que
propuso el mismo texto presentado dos semanas atrás cuando
solicitaba el pleno extraordinario para tratar el asunto. A su
exposición le respondió el actual alcalde, Juanma Costa, que tras
resaltar que comparten la exposición de motivos presentados por la
COP que denunciaron y señalaron en la primera comparecencia pública
tras la toma de posesión, no pudo menos que insistir en que le
consta «que la institución tuvo conocimiento de la resolución del
Tribunal Supremo hace meses y no hizo nada al respecto pese a la
importancia que un asunto como este tiene para Formentera».
Costa propuso un texto alternativo, prácticamente idéntico al
presentado por la oposición que, tras un receso de diez minutos,
fue refundido en una moción transaccional aprobada por unanimidad
en la que en cinco puntos se define la posición de Formentera
respecto al camping.
En primer lugar se manifiesta «el rechazo del pueblo de
Formentera a la construcción de un camping que significaría la
ruptura del equilibrio social, económico y medioambiental de la
isla y que supone una grave desvirtuación del modelo turístico
tradicional». En segundo lugar, el texto aprobado por unanimidad
propone seguir con las líneas de actuación de los antiguos equipos
de gobierno y las iniciadas por el actual ante las distintas
administraciones de forma que se «coordinen acciones políticas y
legales que permitan evitar la construcción del camping de es Ca
Marí».
El tercer punto apunta a la necesidad de «agotar todas las vías
legales posibles» para evitar su construcción estudiando la
posibilidad de «solicitar la revisión de la declaración de interés
social» del camping o de la repercusión de la normativa
medioambiental, turística y de uso del territorio en el
proyecto.
Asimismo se prevé dirigirse al Defensor del Pueblo para que
medie entre las partes implicadas, administraciones y propiedad y,
finalmente faculta al actual equipo de gobierno para que haga las
gestiones oportunas a fin de «comprar los terrenos en los que se
pensaba construir el camping destinándolos en finca pública y área
recreativa».
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