El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Eivissa ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal sobre la construcción de una vivienda sobre una nueva falsas ruina descubierta en la zona des Ais, en pleno es Amunts, área natural de especial interés (ANEI) cuyo suelo está clasificado como no urbanizable de especial protección.

El Consell Insular presentó hace un mes esta denuncia ante la Fiscalía al entender que la construcción de esta vivienda en zona protegida puede derivar en un delito contra la ordenación del territorio y, por otra parte, por falsedad en documento público u oficial. El celador de obras del Consell descubrió en febrero de 2001 que en la zona des Ais se había realizado una «falsa ruina» con piedras. En abril del año siguiente constató en una segunda inspección que las falsas ruinas se habían convertido en una nueva vivienda de 100 metros cuadrados de superficie, la mayor de las que se han realizado hasta ahora sobre falsas ruinas.

Las obras disponían de una placa municipal de obras, que, según aseguró después el Ayuntamiento de Sant Antoni, correspondía a otra edificación, lo que puede constituir un delito por falsedad en documento oficial. El Consistorio abrió un expediente de infracción urbanística, pero sigue sin aclarar el asunto del intercambio de placas de obras.

La Fiscalía ya actuó anteriormente cuando el Consell denunció la construcción en Can Toni Bonet (es Camp Vell) de dos edificaciones de piedra sin licencia que simulaban falsas ruinas, así como otros cuatro «habitáculos». En el primero de los casos las `ruinas se hallan, además, en una cota superior a los 200 metros de altura. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Eivissa acordó incluso la paralización de una de las falsas ruinas. En el auto también figuraba como medida cautelar el precinto de la obra y su desalojo. El Consell Insular, por otra parte, también aprobó en pleno en octubre del año pasado la demolición de las dos falsas ruinas. El promotor de la obra recurrió el acuerdo lo que ha retrasado la ejecución de la orden de derrumbe.