El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de
Eivissa ha admitido a trámite la denuncia presentada por el
Ministerio Fiscal sobre la construcción de una vivienda sobre una
nueva falsas ruina descubierta en la zona des Ais, en pleno es
Amunts, área natural de especial interés (ANEI) cuyo suelo está
clasificado como no urbanizable de especial protección.
El Consell Insular presentó hace un mes esta denuncia ante la
Fiscalía al entender que la construcción de esta vivienda en zona
protegida puede derivar en un delito contra la ordenación del
territorio y, por otra parte, por falsedad en documento público u
oficial. El celador de obras del Consell descubrió en febrero de
2001 que en la zona des Ais se había realizado una «falsa ruina»
con piedras. En abril del año siguiente constató en una segunda
inspección que las falsas ruinas se habían convertido en una nueva
vivienda de 100 metros cuadrados de superficie, la mayor de las que
se han realizado hasta ahora sobre falsas ruinas.
Las obras disponían de una placa municipal de obras, que, según
aseguró después el Ayuntamiento de Sant Antoni, correspondía a otra
edificación, lo que puede constituir un delito por falsedad en
documento oficial. El Consistorio abrió un expediente de infracción
urbanística, pero sigue sin aclarar el asunto del intercambio de
placas de obras.
La Fiscalía ya actuó anteriormente cuando el Consell denunció la
construcción en Can Toni Bonet (es Camp Vell) de dos edificaciones
de piedra sin licencia que simulaban falsas ruinas, así como otros
cuatro «habitáculos». En el primero de los casos las `ruinas se
hallan, además, en una cota superior a los 200 metros de altura. El
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Eivissa
acordó incluso la paralización de una de las falsas ruinas. En el
auto también figuraba como medida cautelar el precinto de la obra y
su desalojo. El Consell Insular, por otra parte, también aprobó en
pleno en octubre del año pasado la demolición de las dos falsas
ruinas. El promotor de la obra recurrió el acuerdo lo que ha
retrasado la ejecución de la orden de derrumbe.
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