El Grupo Independientes de Formentera, GUIF, ha solicitado formalmente la celebración de un pleno extraordinario para que el alcalde de la isla, Isidor Torres, explique la situación actual del vertedero de es Cap de Barbaria que, según el GUIF, ha sobrepasado el plazo de vigencia para su funcionamiento. En su escrito los concejales del GUIF recuerdan que en noviembre de 1999 el Consistorio aprobó con los votos a favor de la COP y en contra de los propios independientes, un convenio entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern para el acondicionamiento, clausura y regeneración del vertedero de residuos sólidos de Formentera situado en es Cap de Barbaria.

En consecuencia, el GUIF solicita al alcalde que explique las gestiones realizadas hasta la fecha y cuáles son las actuaciones que piensa realizar en el futuro teniendo en cuenta que ya ha finalizado el plazo de vigencia del vertedero. El conseller para los asuntos de Formentera, Santi Ferrer, aseguró en noviembre de 2002 que la clausura definitiva del vertedero actual, estaba prevista para finales del verano de 2003, pero que dado que la planta de transferencia no estará operativa hasta la primavera de 2004, la demora, alrededor de medio año, deberá ser subsanada mediante una prórroga que Ferrer aseguró no supondrá ningún problema.

El coste de las obras de la planta de transferencia no podrá superar los 3.120.000 euros y según Ferrer, el Govern aportará a la empresa concesionaria, una subvención del 40% de los trabajos y podría conseguir que la UE financiara alrededor de un 40% de la subvención aportada por el ejecutivo. La retribución de la empresa concesionaria consistirá en la percepción de los correspondientes cánones de explotación, resultantes de la aplicación de los diferentes precios de tratamiento resultantes de la oferta adjudicada. Todo ello repercutirá en el precio de las tasas de la recogida de basuras que aseguró que subirían aunque no pudo precisar las cifras en que se traducirá, para el ciudadano, una inversión imprescindible para adecuarse a los requisitos dictados por la UE en materia de residuos.