Isidor Torres explica ante el juez el precinto en el Dunas Playa

Ni Torres ni Mateos quisieron hacer declaraciones sobre lo manifestado ante el juez, limitándose a asegurar que convocarían una rueda de prensa cuando se produzca una resolución y confiando en que no se llegue a juicio.

Uno de los abogados de los propietarios de los apartamentos, Jaume Pellicer, explicó ayer que la acusación de prevaricación se basa en que precintaron «unas obras que no estaban ejecutándose sino que habían finalizado hacía tiempo», como en el caso de la pérgola de la cafetería, «caso archivado, además, en un expediente anterior, que incluso supuso en su día el pago de una multa por haberlo hecho sin licencia», explicó Pellicer. En cuanto a la piscina, la obras «estaban terminadas también y al amparo de una licencia». Por otra parte, la empresa argumenta que el concejal iba a ejecutar un precinto que «no estaba notificado ni apercibido previamente el interesado de ejecución».

La acusación de falsedad documental se argumenta, según los abogados, en que se modificó -siempre según reza la acusación- la fecha de salida de un documento sobre este asunto.

De ser hallados culpables del primer delito podrían ser inhabilitados de cargo público de 7 a 10 años. En el supuesto de que se demostrase la falsedad documental la pena podría ser incluso de prisión de tres a seis años, junto con una multa de 6 a 24 meses e inhabilitación de cargo público de entre dos y seis años.

Además de los dos concejales también ha sido citada a declarar la secretaria del Ayuntamiento y los abogados afirman que van pedir nuevas imputaciones contra el aparejador que certificó que las obras estaban en ejecución y el funcionario que según los empresarios falseó documentos, al adelantar la fecha del sello de salida.