31/01/03 0:00
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J. M. R.
El vicepresidente primero del Consell, Vicent Tur, y el conseller del grupo mixto, Joan Buades, celebraron ayer una reunión para desatascar la elección del defensor del ciudadano, una figura aprobada por unanimidad en el pleno del Consell pero que nadie encarna aún a pesar de contar desde abril de 2002 con un reglamento. Las conversaciones para decidir quién será el primer ombudsman de las Pitiüses se reactivaron el pasado 20 de enero, cuando el pleno de la institución aprobó por unanimidad una moción de Buades en la que los grupos se dieron once días para «consensuar la persona que podría ser designada» en ese cargo.

El encuentro de ayer se produjo un día antes de que acabe el plazo, si bien no pudo estar presente un representante del Partido Popular. Según anunció Vicent Tur, la reunión tripartita se producirá el próximo martes, cuando progresistas, populares y Buades podrán acercar posiciones en el Parlament con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones.

De la reunión de ayer sólo ha trascendido que se seguirá un determinado método para que la decisión «quede cerrada en una o dos reuniones», según indicó el vicepresidente del Consell. Tur y Buades también acordaron que quien represente ese cargo debe ser una figura relevante de las Pitiüses. Aunque en próximos encuentros cada formación aportará sus candidatos, el objetivo es elegirlo por unanimidad.

La opción descartada consistía en que el defensor fuera una especie de funcionario que se dedicara en cuerpo y alma a sus tareas, lo cual resultaría más económico pero desluciría el cargo. La solución elegida supondrá la contratación de dos ayudantes: un letrado y un administrador.

El defensor debe garantizar el respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Podrá supervisar la actividad del Consell y de cualquier ayuntamiento, si bien éstos deberán acatarlo previa firma de un convenio. Será nombrado por un periodo de cuatro años y tendrá oficina en el Consell. Podrá iniciar de oficio investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los actos y resoluciones del Consell, promoverá la participación, velará porque la institución aporte la información y expedientes requeridos y tramitará las quejas de los pitiusos. Su carácter independiente le permitirá «no estar sujeto a ningún mandato imperativo, ni recibir instrucciones de ninguna autoridad y ejercerá sus funciones con autonomía», según se señala en el reglamento aprobado.