El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado el recurso de
apelación que interpuso el Consell Insular en contra de la
sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo
número 2 de Palma por la que se consideraban legales cinco
licencias para la construcción de viviendas uni familiares
concedidas por el Ayuntamiento de Sant Joan.
La sentencia del TSJ reconoce la validez y la existencia de una
urbanización en Benirràs y, además, obliga a la máxima institución
insular a hacerse cargo de las costas judiciales. Dicha sentencia
es firme y, según ésta establece, «no cabe recurso ordinario».
Los permisos fueron concedidos a la constructora Casas y
Jardines S.L. entre el 8 de septiembre de 1999 y el 13 de octubre
del mismo año al amparo del plan parcial de esta zona. El Consell
impugnó esta resolución. Para ello, trató de demostrar que el suelo
no podía ser considerado urbano.
El Plan Parcial de Benirràs fue aprobado definitivamente el 19
de junio de 1984 por la Comisión Provincial de Urbanismo. La
sentencia afirma que el Consell Insular se pronunció mediante un
acuerdo adoptado por la Comisión Insular de Urbanismo él 8 de mayo
de 1995, con posterioridad a la Ley 1/91 que impuso una figura de
protección en la zona. El Consell, dice la sentencia, no hizo
mención alguna a la Ley 1/91 y «se archivó la denuncia ni más ni
menos porque la urbanización estaba amparada por el Plan Parcial»,
que se aprobó con anterioridad.
Los servicios jurídicos del Consell echaron mano del Reglamento
de Gestión Urbanística para argumentar también que si los terrenos
no están totalmente urbanizados, sólo se puede construir si se
cumplen una serie de requisitos que dan a un terreno la
calificación de solar. En Benirràs, según el Consell, no se puede
considerar que los terrenos sean solares porque no existen todas
las infraestructuras precisas, las efectuadas no han sido
concluidas y, además, las ejecutadas se encuentran en un estado
deplorable de conservación y mantenimiento.
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