El primero de los informes fue redactado por el letrado Pablo Mir
Capella el 14 de diciembre de 2001, poco después de que se
denunciara ante la Fiscalía el caso ses Torres y de que el Consell
requiriera al Ayuntamiento a no aplicar el Plan de Delimitación del
Suelo Urbano (PDSU), una decisión que el municipio tomó de manera
automática, según aseguraba ayer el concejal de Urbanismo, Vicente
Riera.
Mir analiza la sentencia de 31 de julio de 1997 en la que en su
fundamento de derecho quinto se declara la nulidad de pleno derecho
del PDSU, fruto de un recurso interpuesto por el empresario Xavier
Cabau ante la negativa del Consistorio a otorgarle, con ese
planeamiento en la mano, una licencia, completamente lícita si se
hubiera aplicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para
el letrado, «el Ayuntamiento, conocedor de la citada declaración de
nulidad absoluta, viene obligado [...] a no aplicar un instrumento
de planeamiento declarado nulo».
Mir también advierte en el informe de que «inevitablemente» esa
declaración de nulidad podrá ser utilizada «en otros procesos para
apoyar y respaldar las pretensiones impugnatorias de licencias o
actos denegatorios dictados al amparo del PDSU». Además, subraya un
aspecto trascendental: el Consistorio no podrá hacer valer «la no
anulación expresa en el fallo de la sentencia» del caso Cabau,
origen de la «actual problemática urbanística del municipio».
«Las consecuencias que se derivan -añade el jurista- de la
sentencia son pues en extremo importantes», por lo que recomienda
al Ayuntamiento «reaccionar con la mayor rapidez para dar solución
lo menos traumática posible a la misma, especialmente al objeto de
evitar que sea de aplicación» ese plan, que en 1988 completó al
PGOU, que databa de 1981.
Ante la situación, el letrado urgía en diciembre de 2001 al
Ayuntamiento a encontrar una solución urgente, que no podía pasar
por la revisión del PGOU debido a la lentitud que conllevaría ese
procedimiento. A su juicio, lo más «idóneo, por su «necesidad» y
«urgencia», era la redacción y aprobación de unas Normas
Subsidiarias (NN. SS.)
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