El TSJB anula una tasa que la Autoritat Portuària cobró durante más de diez años

Esta sentencia da la razón al abogado Ignacio Forteza Rey, que al ser propietario de una embarcación amarrada en el Club Náutico de Palma, se opuso a pagar este tributo porque entendió que su cobro era ilegal. Este impuesto, denominado «Tarifa G-5», fue aprobado por la antigua institución Obras del Puerto, que después pasó a llamarse Autoritat Portuària de Balears. Consistía en cobrar a cada propietario de una embarcación amarrada en cualquier puerto de su competencia una tasa por el uso de las aguas portuarias. El precio de este tributo se pagaba en base a los metros cuadrados que ocupaba cada barco amarrado en un puerto perteneciente al Estado. Por ejemplo, una embarcación media de ocho metros pagaba mensualmente por este tributo unos once euros.

El Club Náutico de Palma pagaba una media anual de más de 180 mil euros. La devolución no la pueden reclamar los clubes, sino que deben ser los dueños de los barcos. Las cantidades que pueden reclamarse sólo son las que se han pagado en los últimos cinco años, ya que las liquidaciones económicas anteriores han prescrito.