Existir no existe, pero haberlo haylo. Las Pitiüses tienen defensor
del ciudadano desde que en noviembre de 2001 se aprobaba en pleno
la creación de esa figura, una iniciativa planteada por el
conseller del grupo mixto, Joan Buades, que contó con el apoyo de
todos los grupos. El 21 de diciembre de ese año se aprobaba en
sesión ordinaria el reglamento de organización y funcionamiento,
que cuatro meses más tarde, el 17 de abril, entraba en vigor, tras
ser publicado en el BOIB.
Tenemos reglamento, tenemos defensor, pero no tenemos quien lo
encarne. Los grupos políticos se pusieron de acuerdo, cosa rara en
ellos, a la hora de elegir el vehículo para que los ibicencos
puedan plantear sus quejas ante la administración, pero desde
entonces, y ya hace un año, no se han vuelto a sentar juntos para
decidir quién lo conducirá. Quien encarne esa figura necesitará el
apoyo de dos terceras partes del pleno, lo que significa que el
Pacte precisa, como mínimo, el apoyo del grupo popular, aunque lo
ideal en estos casos es que se decida por unanimidad.
El conseller popular y candidato a la presidencia, Pere Palau,
asegura que desde que se tomó la decisión de que las Pitiüses
tuvieran defensor del ciudadano nadie les ha convocado para tratar
este asunto. Palau considera que es el equipo de Gobierno, del
Pacte, el que tiene la pelota en su tejado y el que debe, pues,
preocuparse de camelarles para lograr el apoyo necesario.
El vicepresidente del Consell, Vicent Tur, asegura que si hasta
el momento no se ha producido reunión alguna para dar vida a esa
figura no es por la tensión existente entre ambos grupos, sino
porque se ha dado «preferencia» a dotar de medios la oficina de
atención al ciudadano.
La inminente campaña electoral y otros asuntos de importancia
que se avecinan hacen prever que no habrá ombudsman hasta pasado el
25 de mayo.
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