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C. A./ P.T.
La directora insular de la Administración General del Estado, Marienna Sánchez Jaúregui, manifestó ayer que la orden de expulsión del marroquí que intentó quitarse la vida en los calabozos de Comisaría de Eivissa es un trámite que marca la ley. Recordó que la función de los cuerpos de seguridad «es preservar y hacer cumplir la ley». Un inmigrante marroquí afincado desde hace 14 años en Eivissa pero sin regularizar su situación atentó contra su vida para evitar la expulsión.

Ante los sucesos ocurridos en Comisaría, recordó que «intentó quitarse la vida, pero los policías se dieron cuenta afortunadamente». «Tenemos que preservar la ley e intentamos impedir que sucediera lo peor ayudando con los medios que tenemos», remarcó la directora.

Insistió en la necesidad de cumplir la ley para todo tipo de casos. «No se puede decir que se va a cambiar la norma por un caso aislado». No obstante, recordó que se han hecho varios procesos de regularización con algunas excepciones, como el tema del arraigo. «Si tiene un trámite de expulsión y se le expulsa puede volver haciendo los trámites», dijo.

La responsable de los cuerpos de seguridad del Estado en las Pitiüses incidió en la necesidad de que venga la gente procedente de la inmigración, «pero es necesario estar integrados y regularizados. Es la forma que funcione bien. Que tengan los derechos y las obligaciones que les corresponde y así se evitan los abusos laborales». Recordó, además, que si el proceso de expulsión se hace voluntariamente tiene más posibilidades de regularizarse y manifestó que «se va a hacer todo lo que se pueda para ayudar a regularizar la situación». El asunto está en manos de Comisiones Obreras.