El interventor del Ayuntamiento de Eivissa declaró ayer ante el
pleno que el hecho de que Roque López cobre comisiones de las
pólizas que tramitó durante su etapa como mediador de seguros de
Catalana Occidente, anterior, según el edil, al 30 de junio de
1999, no es incompatible con su dedicación exclusiva en el
Consistorio. «Por lo que me consta, no incumple ninguna norma de
incompatibilidad», aseguró. Después de un largo pleno de casi tres
horas, cuando el equipo de gobierno y la oposición estaban a punto
de abandonar la sala, el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, para
sorpresa de todos, instó al interventor a que hiciera una
valoración de la supuesta incompatibilidad de la dedicación
exclusiva del concejal con el cobro de las comisiones, tal y como
solicitó un día antes la oposición.
«Después de tanto revuelo [el PP denunció que López ejerce de
agente de seguros pese a tener dedicación exclusiva en el
Ayuntamiento], pensaba que la oposición sacaría hoy [por ayer] el
tema. Pero como nadie ha abierto la boca, le pido al interventor
que nos haga una valoración», lanzó Tarrés. El alcalde encargó
después al interventor un informe por escrito de si el cobro de
comisiones es o no incompatible con su cargo y advirtió, con un
enérgico tono de voz, que cada uno debe asumir su responsabilidad
en el asunto. «Si el regidor no ha actuado correctamente, asumirá
las consecuencias. Lo mismo la oposición si no rectifica. Haré que
se cumpla», espetó el primer edil.
El pleno, por otra parte, aprobó ayer con la abstención del
Pacte la compra de un inmueble en el barrio de Can Escandell para
reconvertirlo en una biblioteca de la red del Consell Insular. Para
ello, el Ayuntamiento destinará 108.000 euros de la partida
prevista para la reforma del edificio de Sa Peixateria, ya que este
proyecto no es de ejecución inminente. El PP calificó esta decisión
de «electoralista», por lo que se abstuvo en la votación.
El equipo de gobierno tumbó la propuesta de acuerdo del PP para
soterrar los «nuevos contenedores de recogida de basura del casco
antiguo de la ciudad». El edil de Urbanismo, Joan Boned, tachó de
«vergonzosa» la propuesta defendida por Antoni Prats («No sé si la
ha redactado usted o se la han hecho firmar», cuestionó Boned),
dado de que la única zona de la ciudad donde no se distribuyeron
los nuevos receptáculos fue en el casco antiguo «por la estrechez
de sus calles y las dificultades que entraña su recogida». «Debería
haberse dado una vuelta por el barrio antes de escribir la moción»,
le recriminó Boned. Asimismo, Boned informó a Prats que el
Consorcio Patrimonio de la Humanidad tiene una partida prevista
para instalar 12 contenedores subterráneos en Dalt Vila y 10 en el
barrio de la Marina.
El equipo de gobierno aprobó, con la abstención del PP, un
suplemento de crédito de 636.000 euros, financiado con el remanente
del presupuesto, para acometer el mantenimiento de los edificios de
las escuelas, la compra de inmuebles y, entre otras cosas,
reparación y conservación de jardines.
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