Joan J. Serra19/10/02 0:00
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Los partidos del Pacte de Progrés, incluida UM, cumplirán «el espíritu y la letra» de la ley de paridad, que establece la alternancia de hombres y mujeres, o mujeres y hombres, en las candidaturas para los comicios autonómicos, a pesar de su suspensión por parte del Tribunal Constitucional, a instancias del recurso presentado por el Gobierno central, suspensión que es efectiva desde el 27 de setiembre "fecha de aprobación del recurso por parte del Consejo de Ministros" y hasta un plazo máximo de cinco meses. Todos los partidos del Pacte aplicarán el llamado «sistema cremallera» para elaborar las candidaturas, esté o no vigente la ley en ese momento, pues es posible un posterior levantamiento de la suspensión mientras se espera la resolución definitiva del Constitucional, tal como ha ocurrido con las leyes de Consells, Comerç y la de la ecotasa.

El PSOE criticó ayer al PP «por demostrar que no quiere la paridad de género en la política y utilizarla, a través del Gobierno central, como instrumento partidista contra el Ejecutivo autonómico y el Parlament». Los socialistas han anunciado que aplicarán el «sistema cremallera» en la lista autonómica y en la de Palma, mientras que en el resto de candidaturas municipales seguirán la «paridad simple», es decir, que ni hombres ni mujeres estén presentes en más de un 60 por ciento. UM manifestó que el Gobierno central, con su recurso ante el Constitucional, «se pone de nuevo contra las decisiones de nuestro Parlament y, por tanto, de la soberanía popular».

Para EU, «lo que es inconstitucional es no garantizar el acceso de más del 50 por ciento de la población, la femenina, a los cargos públicos. La paridad no es una discriminación positiva, sino la corrección de un sistema injusto de representación». Por su parte, el portavoz del Govern y conseller de Presidència, Antoni Garcias, confirmó ayer que el Ejecutivo autonómico pedirá al Tribunal Constitucional que levante la suspensión dictada anteayer sobre la ley de paridad electoral a raíz del recurso del Gobierno central y confió en que el Tribunal atienda sus argumentos, como en el caso de las leyes de Consells, Comerç y la de la ecotasa. Según Garcias, el recurso interpuesto por el Gobierno español del PP contra la reforma de la Ley Electoral de Balears responde a un interés «partidista».

«Ello demuestra el poco interés del PP en que la mujer participe más en la vida política de la Comunitat», indicó el portavoz del Govern. Garcias destacó que el Tribunal Constitucional ya decidió levantar la suspensión de leyes del Parlament balear recurridas por el Gobierno central en casos tan significativos como la de la ecotasa, Consells y Comerç. En su opinión, «es una pena que el Gobierno del PP utilice el Tribunal Constitucional en beneficio de sus intereses políticos en Balears y no apueste por una mayor presencia y participación de la mujer en la vida política de la Comunitat». Todos los partidos del Pacte expresan su confianza en que el Tribunal Constitucional acabe por levantar la suspensión de la ley.