La antena de telefonía móvil que se alza a escasos metros del
colegio público de Sant Joan tiene las horas contadas. Los trabajos
para desmantelar la torre de telecomunicaciones de Telefónica ya
han comenzado. Esta es la primera antena de telefonía móvil de las
Pitiüses que se retira en base a la ordenanza aprobada
recientemente por el Ayuntamiento de Sant Joan. El Consistorio
aprobó sin recibir una sola reclamación la primera ordenanza de las
Pitiüses que regula la instalación de estas infraestructuras en el
municipio. Con esta normativa en mano, el Ayuntamiento ordenará el
desmantelamiento de las torres que se instalaron sin la
correspondiente licencia de obras y actividad, que son la mayoría y
entre las que se incluye la cercana al colegio de Sant Joan, de
Telefónica.
Cuando se aprobó la ordenanza a mediados del pasado mes de
julio, se abrió un plazo de seis meses para que las antenas
instaladas sin permiso se trasladasen a las zonas que marca la
normativa, preferentemente en suelo no urbanizable y alejadas de
las áreas habitadas. La instalación de nuevas antenas precisan
ahora de la correspondiente licencia municipal de obras y actividad
y las que se ubiquen en suelo no urbano requieren, además, la
declaración de interés general por parte del Consell Insular.
La normativa municipal de Sant Joan se adapta perfectamente a la
de ámbito insular del Consell Insular, pendiente aún de aprobación
definitiva. Los vecinos y padres de alumnos del colegio de Sant
Joan reivindicaron en mayo del año pasado la retirada de la
controvertida antena. Para ello, llegaron a reunir 315 firmas.
Telefónica comunicó entonces al Ayuntamiento de Sant Joan su
disposición a trasladar la torre a otro lugar, sin coste alguno.
Eso sí, el Consistorio debía decidir dónde podía reubicarla.
Antes de que se aprobara la ordenanza, el equipo de gobierno
solicitó a la dirección general de Tecnología e Innovación,
dependiente de la Conselleria de Innovación y Energía del Govern,
una medición de las emisiones electromagnéticas de la antena para
averiguar si éstas superaban el umbral establecido por ley. Según
el estudio del Govern balear, las emisiones no sólo no superaban el
mínimo permitido, sino que estaban muy por debajo del mismo.
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