JOSÉ MIGUEL ROMERO17/10/02 0:00
TW0

Los miembros del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Balears decidieron el pasado jueves en asamblea cerrar el expediente deontológico incoado a José Manuel Coll "el técnico que firmó numerosos certificados de antigüedad de las viviendas de Can Castelló" y reabrir uno nuevo «partiendo desde cero». Según explicó ayer José Manuel Prieto, presidente del Colegio, la apertura de un nuevo expediente ha sido motivada porque el anterior «fue ejecutado mal». Éste fue abierto hace medio año, cuando el caso de las viviendas de Can Castelló fue denunciado por el Pacte Progressista de Santa Eulària ante la Fiscalía.

Prieto indicó que entre los errores cometidos figura «que no se han cumplido escrupulosamente los plazos que marcan los estatutos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos», de manera que «cualquier abogado hubiera podido tumbar la resolución del informe». A pesar de que el anterior expediente no ha podido estar listo en medio año, para el nuevo Prieto considera que bastará un mes para que esté concluido. Eso sí, quienes lo elaboren serán supervisados por un abogado para no incurrir en fallos que supongan un nuevo traspiés. En función de la resolución que se adopte, el arquitecto técnico José Manuel Coll podría incluso ser suspendido de su actividad.

La asamblea abordó finalmente el martes ese asunto tras haber sido pospuesto durante tres semanas seguidas, y coincidió con el anuncio de que Coll deberá declarar en calidad de imputado "como otras dos personas" ante la responsable del juzgado de instrucción y primera instancia número 4 de Eivissa, Ofelia Nache, que también lleva el caso de ses Torres. Ambos asuntos tienen Santa Eulària como escenario.

Coll declarará a petición del fiscal que investiga delitos contra el medio ambiente, Manuel Campoy, quien además quiere que el Colegio de Aparejadores remita al Juzgado copia auténtica y completa del expediente deontológico incoado a Coll. El aparejador certificó que varias casas de Can Castelló tenían una antigüedad «superior a los diez años», algo que el fiscal considera que no es cierto: «Donde se dicen que hay viviendas "señala en el escrito enviado al juzgado" tan sólo existen simples estructuras iniciales de viviendas en construcción».