JOSÉ MIGUEL ROMERO03/10/02 0:00
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El Ayuntamiento de Sant Antoni ha comunicado al titular del juzgado de instrucción y primera instancia número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, que dos placas municipales que se hallaban colocadas sobre unos habitáculos de es Camp Vell (en es Amunts) no correspondían al lugar, según explicó ayer a este periódico la concejala de Urbanismo, Blanca Castiella. El Consistorio considera que esas placas (números 31.040 y 31.055) «no estaban originalmente donde finalmente habían sido colocadas», indicó la edil.

Las placas fueron, pues, concedidas por el Ayuntamiento para unos edificios, pero finalmente fueron a parar a otros para darles apariencia de legalidad. El juez empezó a instruir este caso a petición de la Fiscalía, que encontró indicios de delito contra la ordenación del territorio y de desobediencia a la autoridad por la construcción de una serie de edificios a partir de unas «falsas ruinas». Una persona ha declarado ya como imputada y el magistrado solicitó al Consistorio que aportara los expedientes urbanísticos y que detallara la procedencia, vigencia y validez de las placas municipales colocadas sobre las «falsas ruinas» de la finca de Can Miquel Lladal.

Las obras se encuentran paralizadas y «desalojadas» por orden del juez, mientras que el caso está pendiente de que el fiscal decida si presenta escrito de acusación. El Ayuntamiento también ha confirmado que tanto los caminos de acceso a esa finca como los habitáculos carecen de licencia municipal, según informó ayer Blanca Castiella. El camino tiene unos 500 metros de longitud y se bifurca en dos ramales de otros 500 metros que concluyen en dos explanadas.

Para abrirlos se taló y deforestó la vegetación existente en esa zona, que se encuentra en un Àrea Natural de Especial Interés (Anei) con suelo calificado como no urbanizable de especial protección. Allí está prohibida la construcción de viviendas unifamiliares, por lo que no son legalizables. El Ayuntamiento anuló una licencia allí concedida tras comprobar que la finca sobre la que se solicitaba la obtención de la licencia no se correspondía con la que se iba a actuar. Registralmente, la finca sobre la que se concedió la licencia tampoco coincidía con la finca con la que se autorizó el proyecto. La superficie también estaba trucada.