El Ayuntamiento de Sant Antoni ha comunicado al titular del juzgado
de instrucción y primera instancia número 1 de Eivissa, Juan Carlos
Torres, que dos placas municipales que se hallaban colocadas sobre
unos habitáculos de es Camp Vell (en es Amunts) no correspondían al
lugar, según explicó ayer a este periódico la concejala de
Urbanismo, Blanca Castiella. El Consistorio considera que esas
placas (números 31.040 y 31.055) «no estaban originalmente donde
finalmente habían sido colocadas», indicó la edil.
Las placas fueron, pues, concedidas por el Ayuntamiento para
unos edificios, pero finalmente fueron a parar a otros para darles
apariencia de legalidad. El juez empezó a instruir este caso a
petición de la Fiscalía, que encontró indicios de delito contra la
ordenación del territorio y de desobediencia a la autoridad por la
construcción de una serie de edificios a partir de unas «falsas
ruinas». Una persona ha declarado ya como imputada y el magistrado
solicitó al Consistorio que aportara los expedientes urbanísticos y
que detallara la procedencia, vigencia y validez de las placas
municipales colocadas sobre las «falsas ruinas» de la finca de Can
Miquel Lladal.
Las obras se encuentran paralizadas y «desalojadas» por orden
del juez, mientras que el caso está pendiente de que el fiscal
decida si presenta escrito de acusación. El Ayuntamiento también ha
confirmado que tanto los caminos de acceso a esa finca como los
habitáculos carecen de licencia municipal, según informó ayer
Blanca Castiella. El camino tiene unos 500 metros de longitud y se
bifurca en dos ramales de otros 500 metros que concluyen en dos
explanadas.
Para abrirlos se taló y deforestó la vegetación existente en esa
zona, que se encuentra en un Àrea Natural de Especial Interés
(Anei) con suelo calificado como no urbanizable de especial
protección. Allí está prohibida la construcción de viviendas
unifamiliares, por lo que no son legalizables. El Ayuntamiento
anuló una licencia allí concedida tras comprobar que la finca sobre
la que se solicitaba la obtención de la licencia no se correspondía
con la que se iba a actuar. Registralmente, la finca sobre la que
se concedió la licencia tampoco coincidía con la finca con la que
se autorizó el proyecto. La superficie también estaba trucada.
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