La empresa Herbusa advirtió ayer al Consell de que lo tendrá
difícil para hacerse con la propiedad de los terrenos donde está
ubicado el actual vertedero de la isla, que legalmente se encuentra
en situación de «clandestinidad», según el Plan Director Sectorial
de Residuos. «Esta no es la típica situación en la que se puede
plantear una expropiación como si fuera el trazado de una carretera
o de una instalación de uso público», subrayó en rueda de prensa
Antoni Ribas, director de Herbusa. El lunes, la presidenta del
Consell, Pilar Costa, y la consellera de Medi Ambient, Fanny Tur,
anunciaron que llevarán al próximo pleno de la institución el
pliego de condiciones para sacar a concurso la gestión de los
residuos en las Pitiüses, que incluye el acondicionamiento de Ca na
Putxa.
Los terrenos del basurero deberán pasar previamente a ser de
titularidad pública, para lo cual el Consell tiene dos
posibilidades: comprarlos a Herbusa o, si no es posible llegar a un
acuerdo, expropiarlos. Aunque ambas partes negocian desde hace
meses, un abismo las separa de alcanzar un trato, tal como
reconoció ayer Ribas, quien subrayó que en este asunto además de
«traspasarse la titularidad de unos terrenos» a la Administración
insular «hay otras implicaciones», como la «actividad» que allí se
desarrolla. Una nota entregada a los medios resume el parecer de la
empresa y las dificultades que planteará si finalmente se opta por
la expropiación: «Somos conscientes de los efectos que tendría la
falta de acuerdo con la Administración. No obstante, es lógico que
ante un eventual traspaso de nuestra actividad a otra empresa
competidora defendamos unas condiciones justas».
Según anunció, Herbusa participará en el concurso para la
gestión de los residuos, que el Consell quiere adjudicar antes de
fin de año, momento en que también quiere tener en sus manos la
titularidad de Ca na Putxa. Lo que aún no tiene claro Herbusa es si
acudirá sola o en compañía de otras sociedades interesadas que,
mediante una unión temporal de empresas (UTE), puedan asumir los
gastos de esa gestión. Cespa, Tirme y Herbusa han estado negociando
esa posibilidad. La empresa no tomará la decisión sobre cómo
participará en el concurso hasta que estudie en profundidad el
pliego de condiciones. También admitió que pese a las mejoras
introducidas en el vertedero éste «no presenta el estado que debía
tener a estas fechas».
Esa situación ha sido denunciada por la Comisión Europea ante el
Tribunal de Justicia europeo. Ribas repitió ayer lo que lleva
diciendo desde hace años cada vez que se le pregunta por el estado
del basurero: que Herbusa ha solicitado desde la década de los 80
que se lleve a cabo la adecuación de la instalación. Desde entonces
se han acometido diversas mejoras, insuficientes, como la
extracción y combustión de biogás y la captación de lixiviados. Por
otra parte, añadió que si Herbusa dejara de gestionar el vertedero
perderían sus empleos entre 60 y 80 trabajadores del centenar que
hay en la actualidad en plantilla. «Si se le quita el vertedero
"dijo Ribas", las otras patas de la mesa no pueden sostener la
empresa».
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