El aparejador y el abogado de Santa Eulària defienden la legalidad del PDSU
Vicent Marí y José María Roig Vich declararon ayer en calidad de imputados ante la juez que investiga la denuncia de IU por las licencias dadas a la urbanización Ses Torres
El abogado José María Roig Vich, a la izquierda, y el aparejador de Santa Eulà ria, Vicent Marí, a su llegada ayer a los juzgados. Foto: M. F.
El primero en declarar fue el abogado José María Roig Vich, que lo hizo como «cargo de confianza del alcalde» o «asesor legal», aunque la manera en que ha sido contratado por el Ayuntamiento es confusa. Por espacio de casi dos horas, Roig reiteró ante la responsable del juzgado de instrucción y primera instancia número 4, Carmen Robles, que considera «plenamente vigente» el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) de Santa Eulària -tal como ya expresó en un informe que redactó en el año 1998-, y que, por tanto, la aprobación el 3 de agosto de 2000 del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 2.1. de ses Torres por parte del pleno del Consistorio (exclusivamente con los votos de los trece concejales del grupo popular) cumplía todos los requisitos legales, pese a que tanto dos sentencias como el propio Consell advertían de que ese planeamiento no debía emplearse porque rectificaba otro de carácter superior, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al convertir un suelo rústico en urbano.
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