Unos 500 presos políticos de la dictadura franquista residentes en
Balears que no percibieron las ayudas del Estado en 1990 y 1992 por
no cumplir los requisitos podrán ser indemnizados ahora por el
Govern, según anunció ayer el conseller de Presidència, Antoni
Garcías, quien señaló que se han invertido 358.450 euros en los
primeros 126 beneficiarios. De ellos, tres son mujeres, 82 residen
en Mallorca, 34 en Menorca y 10 en las Pitiüses.
El Govern ha previsto un presupuesto de 1'2 millones de euros.
Los requisitos que fijó el Estado en 1990 y 1992 para optar a sus
ayudas eran que los candidatos debían haber sido presos durante más
de tres años y haber cumplido 65 años en 1990. El Govern ha
ampliado las subvenciones a los presos sin requerir un mínimo de
estancia en la cárcel, por lo que pagará 1.200 euros a quienes
estuvieron presos hasta seis meses y 90 euros más por cada mes
adicional, hasta un máximo de 3.902 euros.
Además, el Ejecutivo autonómico destinará estas ayudas a todos
los prisioneros políticos que ya hubiesen cumplido 65 años o más a
finales de 1994 y considerará beneficiarios no sólo a sus viudos,
sino también a sus parejas de hecho o a sus hijos con
discapacidades. Estas ayudas son incompatibles con cualquier
indemnización de las administraciones públicas o de la Seguridad
Social por el mismo concepto.
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