El sábado se cumplirá un mes de la cuestión de confianza ligada a
la aprobación de presupuestos que perdió en un pleno extraordinario
la presidenta del Consell, Pilar Costa. No se prevé que el grupo
popular presente una moción de censura, de manera que, en teoría,
las cuentas insulares quedarán aprobadas automáticamente. Como se
trata de la primera experiencia de este tipo en las Pitiüses, no es
de extrañar que los grupos políticos insulares no coincidan en cuál
debe ser el procedimiento que se debe seguir a partir del sábado,
cuando se cumpla el plazo.
El vicepresidente segundo del Consell, Santiago Ferrer,
considera que el día 11 de mayo, si no se ha presentado antes una
moción de censura, los presupuestos quedarán aprobados de forma
automática y «definitiva». Dos jornadas después, el lunes 13, el
tocho de las cuentas será enviado al Boletín Oficial de les Illes
Balears (BOIB) para su publicación. El equipo de Gobierno tiene
claro que éste es el procedimiento porque así lo recoge la ley
orgánica de Régimen Electoral, en cuyo artículo 197 bis se basó
para plantear la cuestión de confianza ligada a la aprobación de
los presupuestos.
El conseller del grupo mixto, Joan Buades, como es habitual,
discrepa. Buades aboga por un procedimiento que difiere,
esencialmente, en que las cuentas no quedan aprobadas
definitivamente, sino que deben pasar aún el trámite de un pleno de
la institución. Según asegura, los presupuestos del año 2002 sólo
quedarán aprobados «inicialmente». Se abre entonces un periodo de
quince días -algo en lo que coincide el equipo de Gobierno- de
exposición pública en el que se podrán presentar «reclamaciones»,
que Buades ya tiene preparadas y que tienen forma de modificaciones
de partidas presupuestarias, si bien en la Ley de Haciendas
Locales, en su artículo 151, se subraya que sólo existen tres
supuestos para presentarlas, todas de carácter técnico: por defecto
de forma, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de
las obligaciones exigibles a la entidad local, o por ser de
manifiesta insuficiencia los ingresos en relación a los gastos
presupuestados.
Pasados esos 15 días, Buades entiende que debe celebrarse un
pleno donde se deben votar las reclamaciones, y con ellas las
propias cuentas de la institución. Es en este punto donde existe la
mayor divergencia entre Buades y el Pacte: «Una vez votadas las
enmiendas -señala el conseller del grupo mixto- se hace una
votación general de presupuestos, que es lo normal y lógico. Esta
teoría -añade con ironía- está avalada por la vieja tradición
democrática. Otra cosa es que lo normal en otros parlamentos no lo
sea en el de las Pitiüses». Buades apuesta por esta solución con la
intención de volver a bloquear la aprobación de las cuentas, como
hizo el pasado mes de diciembre. De haber una nueva votación del
presupuesto tiene en sus manos impedir que prospere y obligar a que
se prorrogue, otra vez. Según el Pacte, para evitar esa situación
de bloqueo de una institución local la ley de Régimen Electoral
prevé la fórmula de la cuestión de confianza y, en caso de perder
esa votación, la consiguiente aprobación definitiva de las cuentas
pasados 30 días.
Para Pere Palau, del grupo popular, los presupuestos quedarán
aprobados inicialmente el sábado, luego pasarán a exposición
pública durante 15 días para que cualquier ciudadano presente
reclamaciones y, finalmente, habrá después un mes de plazo para que
esas alegaciones (si las hay, que las habrá) se resuelvan en pleno.
Pero, según Palau (que dice que para este tema se ha asesorado),
sólo se llevarán a pleno las reclamaciones, «no el presupuesto». Y
sólo se aceptarán aquellas «que afecten a la configuración de las
cuentas; no pueden ser enmiendas que modifiquen partidas
presupuestarias», advierte el popular: «Las partidas son las que
son, y son inamovibles».
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