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J. M. R. El grupo municipal progresista de Santa Eulària propondrá en el próximo pleno, que se celebrará mañana, que se declare inmediatamente la nulidad del Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) debido a la «manifiesta ilegalidad» de esa norma. Los progresistas recuerdan que el propio equipo de gobierno la considera inaplicable porque, de hecho, lleva más de medio año negándose a conceder licencias de obras. El edil del Pacte Carlos Salinas considera que hay entre 500 y 800 expedientes paralizados en el Ayuntamiento, que en parte son desviados a la Comisión Insular de Urbanismo (CIU).

«Mientras la delimitación esté vigente, los ciudadanos continuarán solicitando, a su amparo y con sus parámetros, licencias», advierten desde el Pacte, lo cual puede dar pie a reclamaciones multimillonarias en cuanto el PDSU sea sustituido, transitoriamente, por unas Normas Subsidiarias y, posteriormente, por un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A esa propuesta de la oposición se suma otra en la que reclama la dimisión del alcalde, Vicent Guasch, y del teniente de alcalde, Vicente Riera, como máximos responsables del caos urbanístico en que se encuentra sumido el municipio desde que en 1988 se aprobó el PDSU, pero especialmente ahora, cuando varias sentencias han puesto en tela de juicio la legalidad de la delimitación, hecha a medida del Consistorio después de que la Comisión Provincial de Urbanismo recortara drásticamente los parámetros que aparecían previamente en el PGOU. La suspensión del PDSU podría ser inmediata, una vez el Consistorio someta el asunto a un pleno extraordinario.