La negociación sobre los presupuestos del Consell para 2002 entre
el equipo de Gobierno y Els Verds ha llegado a un punto en que
parece un diálogo de sordos. La paradoja consiste en que no llegan
a entenderse aunque unos piden lo que los otros ofrecen. La última
oferta del Pacte ha sido de tres millones de euros (500 millones de
pesetas) para que los 'verdes' los destinen a la finalidad que
quieran. Esa cantidad había sido propuesta al equipo de Gobierno
progresista por los 'verdes' Marta Roldán y Ramon Mayol. Pero el
pasado jueves ambos negociadores, a los que se sumó Joan Buades, la
rechazaron en una reunión que mantuvieron con Pilar Costa.
Esa falta de entendimiento entre las partes surge por los 1'65
millones de euros que el Pacte se comprometió a invertir en
Benestar Social (aparte de la cantidad ya consignada a esa
Conselleria en el pasado ejercicio) a cambio de que Els Verds
apoyaran el traspaso de la competencia de carreteras. Los
progresistas aseguran que los presupuestos que han elaborado para
2002 incluyen esa cantidad y 600.000 euros más (100 millones de
pesetas), en total, 2'22 millones de euros (370 millones de
pesetas). Pero Els Verds no se lo creen: según Buades, esos 1'65
millones pactados no se reflejan en ninguna parte de las cuentas
insulares. Esta situación impide, de momento, llegar a un acuerdo
para evitar que el Consell prorrogue, por primera vez en su
historia, los presupuestos de la institución insular.
Buades dice estar dispuesto a firmar «ahora mismo» su apoyo a
esas cuentas si el equipo de Gobierno le presenta, por escrito, una
oferta que incluya los tres millones de euros más los 1'65 millones
de euros del trueque de carreteras. Así se podrían destinar, según
los cálculos de Els Verds, 1'65 millones de euros a Benestar Social
(cantidad que hay que añadir a la partida del pasado ejercicio),
1'2 millones de euros para Medi Ambient y 1'8 millones para los
Parques Naturales de Cala d'Hort y ses Salines, cooperación
municipal y cooperación con el tercer mundo. A esa suma hay que
incluir 210.000 euros (35 millones de epsetas) de «incumplimientos»
del Consell.
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